Petroperú enfrenta un perjuicio económico de US$ 396,135 detectado por la Contraloría General de la República. Este daño surge de la falta de diligencia y coordinación entre funcionarios de diversas unidades orgánicas de la petrolera estatal, específicamente en la emisión oportuna de una carta de crédito vinculada a la adquisición de crudo a una compañía internacional china. Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 011-2026-2-0084-AC, que evaluó los hechos ocurridos entre el 8 de noviembre de 2023 y el 5 de diciembre de 2024, las deficiencias se produjeron durante el proceso para adquirir 361,798.79 barriles de crudo Oriente de Ecuador, destinados a la Refinería de Talara.
La operación fue adjudicada mediante el Concurso Internacional de Precios GDCH-JCEH-0067-2024/TENDER-003-2024 por un monto de US$ 32.49 millones, con entrega en los puertos de Bayóvar y Talara, en Piura. La auditoría detectó que el trámite para emitir la carta de crédito no se inició con la anticipación necesaria, pese a ser un mecanismo indispensable para garantizar la operación. De acuerdo con las condiciones establecidas, este documento debía ser irrevocable, confirmada y recibida por el banco avisador del vendedor como máximo cinco días hábiles antes del inicio de la ventana de entrega.
Sin embargo, la Jefatura Administración de Contratos de la Gerencia Departamento Compras de Hidrocarburos no inició el trámite con la debida antelación y omitió aplicar la metodología establecida en el Contrato de Adquisición (Award). Este documento exigía que la Carta de Crédito se emitiera por el valor máximo estimado de la mercancía. Como consecuencia, el trámite inicial fue realizado por un monto incorrecto e insuficiente de US$ 29 millones, más o menos 5%. Posteriormente, tuvo que ser rectificado para elevarlo a US$ 31 millones, más o menos 5%, lo cual generó el retraso y la pérdida económica registrada. La Contraloría señala que esta omisión en la aplicación del procedimiento de cálculo fue determinante para el perjuicio final.
La Contraloría detectó un perjuicio económico de US$ 396,135 en el patrimonio de Petroperú. Este monto corresponde a las penalidades pagadas al proveedor internacional por concepto de sobrestadía, derivadas de la demora en la descarga del cargamento de crudo en el Terminal Bayóvar. El informe vincula esta retraso con la falta de autorización oportuna para iniciar la operación, debido a que Petroperú no contaba en el momento requerido con la carta de crédito.
Fallas en la gestión financiera y reprocesos
Dentro del análisis, se observó la actuación de la Unidad Mercados Financieros de la Gerencia Departamento Gestión Financiera y Presupuestal. Según el informe, esta unidad demoró el inicio de la cotización de la carta de crédito. Además, cuando se solicitó elevar el monto de la garantía, no gestionó una nueva cotización ante el Banco de la Nación. Esto permitió que el trámite bancario continuara sobre la base del monto desfasado de US$ 29 millones, generando nuevos reprocesos.
Responsabilidades y recomendaciones
La entidad de control concluyó que el perjuicio se encuentra acreditado y cuantificado, y que está directamente relacionado con el incumplimiento de las obligaciones observadas durante la auditoría. En ese sentido, señaló que el monto deberá ser resarcido por los funcionarios y servidores que participaron en los hechos materia de observación.
La auditoría determinó presunta responsabilidad civil y administrativa en seis funcionarios y servidores de Petroperú. Ante ello, la Contraloría recomendó al presidente del Directorio de la petrolera estatal disponer las acciones necesarias para que el órgano competente determine las responsabilidades que correspondan a los involucrados.
Asimismo, recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones civiles contra las personas comprendidas en los hechos observados.
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