por Aaron Ramos Medina

El Colegio de Economistas de Lima (CEL) formalizó una acción legal contra el Estado. La entidad gremial demandó al Tribunal Constitucional para que se derogue la Ley 32581. Esta norma, aprobada por el Congreso saliente en abril, otorga una pensión de S/3.500 a los maestros jubilados y cesantes.

Según los argumentos del gremio, la aprobación fue irregular porque no se definió cómo financiaría el beneficio. El núcleo de su reclamo radica en el impacto fiscal sobre las finanzas públicas. Un análisis preliminar de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal indica que la sola aplicación de la norma generaría un gasto pensionario de aproximadamente S/8.018 millones anuales.

No obstante, el documento al que accedió RPP aclara que esta cifra no representa el costo definitivo. La estimación inicial no incluye a los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones (SPP), ni a las nuevas generaciones de jubilados futuros ni otros posibles beneficiarios. Por ello, el texto advierte: "Por ello, debe interpretarse como un escenario de referencia parcial y no como el costo definitivo".

El impacto fiscal podría seguir aumentando significativamente si la pensión queda vinculada a la evolución de la remuneración de los docentes activos. El gremio señala que este mecanismo podría elevar el costo incremental anual drásticamente.

Bajo este escenario, el gasto podría pasar de aproximadamente S/8 mil millones a S/13.400 millones en cinco años. Este cálculo considera únicamente el crecimiento supuesto de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) y no contempla aún la nueva legión de jubilados que ingresará al sistema. Así, el Colegio de Economistas advierte sobre un pasivo que podría superar los S/13 mil millones si se implementan todas las variables proyectadas.

Aaron Ramos Medina El Colegio de Economistas de Lima llevó su demanda ante el Tribunal Constitucional el 20 de agosto de 2026, instándolo a declarar la inconstitucionalidad total de la ley sobre pensiones docentes. La institución advierte que esta norma vulnera principios fundamentales como el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad del sistema previsional y la prohibición de iniciativa de gasto por parte del Congreso. Además, genera un trato desigual frente a otros pensionistas públicos, cuyas rentas no se vinculan con los sueldos vigentes, sin justificación técnica alguna. La entidad critica que el texto legal no identifica una fuente específica de financiamiento y rompe la correlación entre los aportes laborales realizados y el beneficio jubilatorio. Como ejemplo contundente, señalan que un docente que bajo el régimen actual percibiría una pensión cercana a S/650 vería su monto dispararse hasta S/3.500. Esto implicaría un incremento de alrededor del 438% para quien no realiza aportes adicionales. La institución también solicita al Tribunal Constitucional que exija al Congreso emitir una nueva norma bajo condiciones estrictas. La propuesta exige estudios actuariales rigurosos, reglas claras de elegibilidad y, crucialmente, el establecimiento de una fuente permanente de financiamiento compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas. La demanda sostiene que la medida cuestionada viola la igualdad ante la ley y atenta contra la solvencia del sistema nacional. Ahora corresponde al órgano constitucional determinar si la norma se ajusta a la Carta Magna o debe ser derogada para evitar un impacto económico desproporcionado en el Estado. La situación actual deja a los maestros en una posición de incertidumbre, con beneficios que parecen desconectados de su contribución real y sin garantías sobre cómo se pagarán esas pensiones futuras.

José Manuel Mesía Herrera, presidente del Colegio de Economistas, declaró en RPP que es la primera vez que la institución acude directamente al Tribunal Constitucional. «Defender la sostenibilidad de las finanzas públicas» fue su objetivo central. El gremio advierte sobre aprobar normas con impacto fiscal sin evaluar sus efectos a largo plazo. Esta demanda oficializa una estrategia para evitar decisiones económicas irresponsables.

Leer artículo completo en rpp.pe →