Aunque se habló de revisar beneficios fiscales, se aclaró que no se tocará la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) aplicada a alimentos o educación. Según detalló: «No vamos a tocar la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la educación o a los alimentos, por ejemplo […] Hay algunas que son técnicas y que están bien puestas». También se sumaría a las [exoneraciones] en Loreto, esa región es una isla sin carteras comerciales. Sin embargo, existen otras cuya generación ha sido más rentista y esas sí las vamos a evaluar», dijo a Gestión.
No obstante, el elevado costo fiscal de un beneficio no implica que deba ser eliminado primero. Para los economistas consultados, la discusión debería partir de una evaluación de qué genera cada beneficio y a quién termina favoreciendo.
¿Cuánto cuestan las exoneraciones tributarias?
Los datos del último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) indican que hay 28 exoneraciones que representan alrededor de S/ 13 mil millones en 2026. Esto implica que aproximadamente la mitad de todo el gasto tributario del país, que asciende a S/ 26,350 millones, está asociado a estos beneficios.
Solo las tres principales exoneraciones tributarias concentran alrededor de S/ 9,119 millones. A ellas se suma la exoneración del IGV para insumos agrícolas, estimada en S/ 765,1 millones. Las más costosas corresponden a la del IGV a los productos agrícolas (S/ 4,645,2 millones) y en la Amazonía (S/ 3,708,8 millones). Es decir, casi siete de cada diez soles del gasto tributario potencial asociado a las exoneraciones provienen de estos tres beneficios de IGV. Equivalentemente, estas tres concentran cerca de 70% del gasto tributario potencial.
David Tuesta, exministro de Economía, identificó el primer problema en la ausencia de un mecanismo integral para evaluar todas las exoneraciones tributarias existentes y sus efectos reales. Comentó a Gestión: «Es difícil determinarlo porque en el Perú no hay una medición o un mecanismo que permita identificar claramente todas las exoneraciones existentes en el país, a quiénes beneficia, a quiénes afecta y cuál es el impacto [...]. No hay un análisis sobre si alguna de esas medidas permite una ganancia en base tributaria y por tanto permite una mayor recaudación». La imagen adjunta ilustra que las exoneraciones más costosas corresponden a las del Impuesto General a las Ventas (IGV) aplicadas a productos agrícolas y en la Amazonía.
En ese contexto, Carlos Casas, exviceministro de Economía e investigador de la Universidad del Pacífico, señaló que existen metodologías desarrolladas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que podrían usarse para hacer esta comparación técnica. «Hay que revisarlas», añadió. Aclaró que muchos cambios podrían ser impopulares porque ya la gente lo toma como un beneficio adquirido, pero no están siendo eficientes en el sentido de generar mayor bienestar o mayor actividad económica en el país.
Sugirió que la exoneración a alimentos y a educación probablemente sea difícil cambiarla, pero en el resto no hay nada escrito en piedra y sí debería evaluarse uno por uno. Para esta evaluación, que devendría en la eliminación de algunas exoneraciones, uno de los criterios a considerarse sería «el menor impacto en el precio final al consumidor, y el que desaliente la inversión privada», señaló Víctor Ballena, docente de la Facultad de Economía de la UPC, teniendo en cuenta el contexto por la emergencia climática.
¿Se ha evaluado cuáles podrían revisarse?
Aunque el ministro de Economía y Finanzas declaró a Gestión que no habrá modificaciones en las exoneraciones del IGV a Loreto, los expertos sugieren que este es precisamente el punto crítico que debe ser revisado.
“Hay algunos análisis que indican que, por ejemplo, la exoneración en la selva al combustible va sobre todo a los mineros informales que se benefician del menor precio. El nivel de consumo que se genera de combustibles en esa zona no guarda sentido con el nivel de economía de las regiones a las cuales se dirige [la exoneración]. Esa gasolina se estaría utilizando para beneficiar los costos de la minería informal”, sostuvo Tuesta.
Más allá del tema petrolero, otro beneficio que podría analizarse es aquel otorgado a la educación superior privada. Según Ballena, este incentivo debería ser temporal y tener como objetivo elevar la capacidad de reacción de las instituciones y de la CTS en su gestión y uso.
Más allá de las exoneraciones tributarias, Casas señaló que también debería evaluarse otro tipo de reducciones de impuestos o devoluciones como el drawback, que ya se intentó cambiar anteriormente. El exviceministro calificó como “una especie de subsidio ciego” que se otorga a todos los exportadores y debería diferenciarse.
Adicionalmente consideró que se deberían evaluar los beneficios a la agroindustria, la cual opera con un impuesto a la renta más bajo, así como aquellos incentivos que se aplican específicamente a restaurantes y libros.
Tensión con las promesas de campaña
Mientras el MEF actual revisa qué beneficios existentes merecen mantenerse, surge una tensión directa con los compromisos electorales de Fuerza Popular. Su plan de gobierno proponía crear incentivos nuevos: exonerar del Impuesto a la Renta durante tres años a jóvenes emprendedores inscritos en el Regimen Único de Contribuyentes (RUC) y establecer beneficios temporales para las Zonas Económicas Especiales orientadas a manufactura de alto valor agregado.
Esta revisión abre, además, una discusión sobre los beneficios tributarios que Fuerza Popular planteó durante la campaña.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
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