El borrador del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo ha suscitado una nueva controversia sobre las ANP, especialmente en ecosistemas marinos. La propuesta buscaría revisar las restricciones en actividades productivas dentro de espacios protegidos.
La controversia se intensifica tras la publicación del borrador del pedido de facultades legislativas, documento que plantea modificar las reglas actuales para actividades productivas dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Esta disposición afecta directamente a zonas sensibles como la Reserva Nacional de Paracas, en Ica. El texto, específicamente el punto 2.5 referente a Desarrollo Productivo e Innovación, propone armonizar las normas ambientales con la producción y revisar las limitaciones impuestas a empresas bajo estas áreas. Un requisito clave del borrador es que cualquier restricción mantenga su vigencia solo si se sustenta en "evidencia científica objetiva".
Sin embargo, esta iniciativa ha generado cuestionamientos inmediatos entre organizaciones ambientales, especialistas y pescadores artesanales. El temor central radica en que el proyecto abra la puerta a modificaciones de las reglas que actualmente restringen actividades extractivas dentro de los espacios protegidos, poniendo en riesgo la conservación marina.
El debate ocurre pocos meses después de un fallo histórico: en enero de 2026, la Corte Suprema ratificó la prohibición de la pesca industrial dentro de las ANP. El máximo tribunal declaró infundada una demanda presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería, que cuestionaba dichas restricciones para la actividad industrial en estas zonas, consolidando así el marco legal que ahora busca el Ejecutivo modificar.
La Reserva Nacional de Paracas, creada en 1975, posee un régimen especial que restringe actividades pesqueras para garantizar su conservación. Sin embargo, su situación cobra relevancia nuevamente ante la posibilidad de que el Ejecutivo modifique normas sobre protección ambiental y actividades productivas. Esta decisión judicial se convirtió en un precedente clave, respaldado por organizaciones ambientales y pescadores artesanales. Estos actores sostienen que el ingreso de grandes embarcaciones podría afectar los recursos vitales para las comunidades costeras.
Paralelamente, tras la sentencia, el Congreso avanzó con un dictamen buscando establecer mediante ley la prohibición expresa de la pesca industrial en áreas marinas protegidas. No obstante, la iniciativa quedó pendiente de debate en el Pleno antes del cierre de la legislatura. La controversia no se limita a Paracas; también alcanza a otros espacios como la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la Dorsal de Nasca, zonas que cuentan con regulaciones específicas y han sido escenario de discusiones sobre la compatibilidad entre conservación y actividades pesqueras.
Para los sectores críticos de la propuesta, cualquier modificación debe considerar no solo la actividad económica, sino también la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. Es fundamental equilibrar ambos aspectos para evitar daños irreversibles a las áreas naturales protegidas que sustentan la vida marina peruana.
El Niño Costero añade presión sobre el ecosistema marino
La discusión se desarrolla, además, en un contexto de preocupación por los efectos del Fenómeno de El Niño Costero 2026. Especialistas advierten que estas alteraciones climáticas aumentan la presión sobre las comunidades que dependen de la pesca y sobre la biodiversidad marina. El calentamiento anómalo del mar puede modificar la distribución de especies, entre ellas la anchoveta, y generar cambios en los ecosistemas. Por ello, consideran que cualquier modificación del régimen de protección de las áreas naturales debe sustentarse en criterios técnicos y científicos que garanticen la conservación de estos espacios.
Por ahora, la presentación de la versión final del pedido de facultades legislativas permanece pendiente para su posterior evaluación en el Congreso. Su eventual aprobación podría reabrir la discusión sobre el alcance de las restricciones para actividades productivas dentro de las áreas naturales protegidas y, particularmente, sobre el futuro de la pesca industrial en zonas marinas como Paracas.
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