La falta de soluciones habitacionales ha cobrado víctimas; una adulta mayor falleció tras permanecer en una carpa improvisada, ya que su hogar quedó afectado por una de las réplicas del temblor. A medida que se acercan las lluvias, la situación se vuelve más crítica.
La promesa de instalar 500 módulos temporales de vivienda para las familias damnificadas avanza a cuentagostas. A un mes del sismo de magnitud 5.4 que golpeó Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo, Junín, solo 48 han sido trasladadas e instaladas en el anexo más afectado. De las unidades anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori durante su visita del 31 de julio.
La cifra fue confirmada por José Augusto Vásquez Loaiza, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín. "Estamos a 30 días de la emergencia. Sin embargo, solamente se han trasladado 48 módulos temporales de vivienda de los 500 que se dijo en un primer momento", señaló.
La demora ocurre mientras la magnitud de la emergencia se amplió tras el sismo de magnitud 5 registrado el 6 de agosto y sus posteriores réplicas. El balance actualizado de Defensa Civil reporta 20 distritos declarados en emergencia y alrededor de 3.500 viviendas destruidas o inhabitables. Además, unas 15.000 personas resultaron afectadas por los movimientos telúricos.
Una adulta mayor murió en una carpa tras perder su casa
Las consecuencias de la falta de una solución habitacional ya tienen un rostro concreto. En Chongos Alto, Huancayo, Felisa Román de Chambergo, de 75 años, murió de neumonía después de pasar varios días en una carpa, luego de que su vivienda quedara inhabitable tras una de las decenas de réplicas del sismo.
Su hijo, Rodrigo Chambergo Román, contó que pidió a las autoridades una carpa y colchones para proteger a sus padres tras un temblor de 5.0 ocurrido el 6 de agosto en Huancayo, pero que no recibió estos implementos. Ante la necesidad de encontrar un refugio, reunió S/150 de sus propios ahorros para comprar una carpa usada y plástico, que instaló frente a su vivienda.
A pesar del esfuerzo personal y la compra urgente de materiales básicos, la falta de respuesta institucional dejó a los damnificados expuestos. Mientras las autoridades centralizaban recursos en la instalación lenta de módulos prefabricados, familias enteras se vieron obligadas a improvisar refugios con lo que podían reunir.
La muerte de Felisa Román es solo una de muchas tragedias que ocurren diariamente en la zona afectada. Su caso resalta la urgencia de una solución habitacional real y no simbólica, especialmente considerando que las lluvias inminentes agravarán aún más las condiciones de vida en estas carpas improvisadas.
La situación en Junín refleja un escenario de desbordamiento institucional donde miles esperan ayuda que tarda en llegar. La promesa inicial de 500 módulos para Pumpunya sigue siendo un número lejano frente a la realidad de cientos de familias sin techo y sin protección adecuada ante los elementos naturales.
"La madrugada del lunes, un fuerte frío golpeó a una familia damnificada en Pumpunya. Su madre amaneció fallecida tras sufrir neumonía; según relató su hijo, la enfermedad ya estaba avanzada y el sismo los obligó a dormir en una carpa improvisada que terminó agravando su condición de salud hasta costarle la vida dentro del refugio.
Este doloroso caso ilustra la realidad que viven cientos de familias mientras las bajas temperaturas persisten y los refugios improvisados, a veces comprados con recursos propios, no logran garantizar seguridad. La brecha humanitaria no se limita a la falta de módulos habitacionales; existe un bloqueo administrativo crítico en el proceso de reconstrucción.
Viviendas aún esperan validación
Tras el primer sismo, el Gobierno Regional de Junín identificó 2.136 viviendas destruidas o inhabitables en siete distritos afectados. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Vivienda habría validado apenas alrededor de mil inmuebles, según explicó Vásquez. Esta demora ha generado un estancamiento operativo: las municipalidades necesitan demoler estructuras peligrosas y preparar los terrenos para colocar los módulos prometidos, pero no pueden avanzar sin la inspección oficial del ministerio.
El frío y las lluvias aumentan la preocupación
Mientras continúa esta espera burocrática, algunas familias permanecen en carpas o construyen refugios precarios con palos y calaminas junto a los escombros de sus hogares. El funcionario cuestionó directamente el criterio de selección: "Necesitamos que el Ministerio de Vivienda nos aclare y nos diga cuáles son los requisitos, filtros o criterios que están tomando para validar a una cantidad de viviendas y no considerar a otras".
A esto se suma la incertidumbre sobre el acceso al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE). Los alcaldes de las zonas afectadas acordaron solicitar una reunión urgente con el ministro de Vivienda. El objetivo es conocer un cronograma claro que determine cuándo terminará la validación de los inmuebles y, consecuentemente, cuándo podrán acceder a este recurso vital las familias que aún no tienen dónde vivir.
Cuatro informes de la Contraloría General de la República ya detectaron fallas en la primera respuesta ante el desastre. Las deficiencias fueron señaladas específicamente en los distritos de Chongos Bajo, Huayucachi, Viques y Chupuro, donde se evaluó la atención brindada a los damnificados tras el sismo de 5,4 grados que sacudió Junín hace un mes.
Mientras tanto, la emergencia también impacta directamente en la infraestructura educativa. El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que se habilitarán 68 aulas temporales tipo domo para los escolares afectados. De este total, las primeras 20 ya están operativas y otras 48 llegaron como parte de una operación complementaria. Estas últimas se destinarán a 18 instituciones educativas de Huancayo y Chupaca, con capacidad para atender hasta 2.880 niños en dos turnos. La empresa encargada de la instalación comprometió dejar las aulas listas en un plazo máximo de 15 días.
No obstante, existe una brecha significativa: la demanda total asciende a 83 aulas temporales tipo domo, por lo que faltan 15 unidades para cubrir todas las necesidades identificadas. Este retraso se suma a los riesgos climáticos inminentes. El funcionario Vásquez advirtió que las precipitaciones podrían comenzar entre octubre y noviembre.
"Las carpas no van a soportar las lluvias intensas", alertó el representante del gobierno regional, quien consideró necesario acelerar la instalación de módulos temporales durante los primeros 60 días de la emergencia. De no avanzar el proceso con urgencia, incluso planteó evaluar una ampliación del estado de emergencia en los 20 distritos afectados.
El riesgo para las familias que permanecen en carpas es alto, especialmente por las bajas temperaturas nocturnas propias de las zonas altoandinas. El fallecimiento de Felisa Román pone de manifiesto la extrema vulnerabilidad de los adultos mayores que continúan sin una vivienda segura tras el terremoto, evidenciando la urgencia de completar los 500 módulos prometidos.
Solo 48 de los 500 módulos prometidos han sido instalados en Pumpunya, mientras miles de familias permanecen a la espera de una solución. El Gobierno anunció que la emergencia sería atendida con módulos temporales, pero la entrega todavía está lejos de alcanzar la meta anunciada por la presidenta Keiko Fujimori.
El caso de Felisa Román muestra el costo humano de esa espera: una mujer de 75 años que, después de perder la seguridad de su vivienda, terminó pasando sus últimos días en una carpa comprada por su propia familia y expuesta al frío. Con las lluvias previstas para octubre y noviembre, las autoridades tienen poco margen de tiempo. La emergencia ya no se limita a entregar alimentos o ayuda inmediata; miles de familias necesitan un techo seguro antes de que las condiciones climáticas vuelvan aún más crítica su situación.
En Chongos Bajo, por ejemplo, la municipalidad no había concluido el padrón de damnificados ni contaba con usuario y contraseña para acceder al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) cuando ocurrió el sismo. En Viques, la Contraloría encontró que solo 100 de los 739 damnificados registrados habían recibido donaciones al momento de la inspección. También se reportaron retrasos en la gestión y distribución de ayuda humanitaria en Huayucachi y Chupuro.
El propio Gobierno Regional reconoció que hubo deficiencias en el empadronamiento y la distribución de ayuda. Ahora, superada la etapa de atención humanitaria inicial, el principal desafío es conseguir una solución para las familias que perdieron sus viviendas. La respuesta del Estado ha sido lenta frente a un desastre que exige soluciones inmediatas.
Mientras tanto, la realidad en Pumpunya se impone con fuerza. Las promesas de ayuda temporal chocan contra la necesidad urgente de reconstrucción definitiva. Cada día sin techo seguro aumenta el riesgo para las comunidades afectadas. El tiempo es crucial antes de que llegue la temporada de lluvias más intensa.
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