El avance de la minería ilegal ha contribuido a mejorar la imagen de la actividad formal en el Perú, que pasó de una percepción positiva del 25% en 2018 a más del 45% en 2026, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El crecimiento en la aceptación social refleja el trabajo sostenido del sector minero formal para transparentar su gestión, fortalecer el vínculo con las comunidades y generar beneficios tangibles en los territorios donde opera.

Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, señaló que la minería formal enfrenta el reto de operar en contextos complejos, donde la falta de presencia efectiva del Estado y la expansión de la minería ilegal generan dificultades adicionales.

Durante el primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), explicó que la minería formal trabaja con horizontes de largo plazo, lo que exige construir relaciones de confianza duraderas y trasladar esas relaciones desde el plano personal hacia la institucionalidad.

"No se puede depositar toda la confianza en las personas. El desafío es crear institucionalidad para que los procesos y acuerdos sobrevivan a los cambios de líderes o equipos", anotó.

La ejecutiva destacó que, pese a los avances, persisten desafíos en la gestión de los compromisos sociales porque muchos conflictos surgen por acuerdos ambiguos o con roles poco claros, situación que debilita la sostenibilidad de los proyectos. "Los acuerdos tienen que ser claros y medibles, con roles determinados. Es fundamental definir quién debe hacer qué", señaló Grossheim.

El éxito de los diálogos, añadió, no depende de la cantidad de acuerdos firmados, sino de la calidad y posibilidad real de cumplirlos, así como del impacto tangible en los territorios.

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En su presentación en el GESS 2026, la directora ejecutiva de la SNMPE, Grossheim, destacó que la percepción social sobre la minería formal ha mejorado drásticamente. En 2018, solo el 25% tenía una visión positiva; para 2026, ese número superó el 45%. Asimismo, el 62% de los encuestados considera que la actividad trae beneficios a las comunidades locales. Sin embargo, Grossheim advirtió sobre los riesgos: «Un incumplimiento destruye la confianza y reconstruirla puede tomar años», subrayando que adaptar los acuerdos al contexto cambiante es vital para mantener su vigencia.

«Existen muchos acuerdos ambiguos, justamente se hacen así para que no haya un seguimiento real. Los acuerdos deben ser claros y precisos, con roles determinados; es fundamental definir quién debe hacer qué», insistió Grossheim. Dijo además que la confianza interpersonal abre la puerta a las relaciones, pero la institucional es lo que las mantiene abiertas.

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Frente a este avance del sector formal, la minería ilegal genera creciente preocupación social. Grossheim alertó: «Dos de cada tres peruanos creen que la minería ilegal ha aumentado en los últimos años y el 78% de la población percibe que estas actividades financian redes de crimen organizado». Por ello, se requiere una respuesta estatal más firme.

Para contrarrestar estos desafíos, el sector minero formal impulsa herramientas para fortalecer la gestión social y prevenir conflictos. Estas incluyen orientaciones sobre gestión de reclamos y debida diligencia en derechos humanos, buscando dotar a las empresas de instrumentos prácticos y efectivos. Grossheim aclaró que la diversidad territorial y empresarial del país obliga a adaptar esas prácticas a cada realidad, en vez de aplicar estándares homogéneos para todos.

El gremio enfatiza la necesidad de ajustar los marcos regulatorios a las realidades específicas, asegurando que la legitimidad de los proyectos se mantenga frente a un entorno dinámico. La meta final es trabajar hacia una confianza institucional sólida que garantice el desarrollo sostenible y la armonía con las comunidades afectadas.

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