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El Poder Judicial condenó a cuatro personas en un caso de corrupción dentro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La sentencia, notificada por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, castiga a dos exdirectivos y a dos proveedores de servicios.

Todos los implicados fueron inhabilitados para ejercer cargo público por el mismo periodo que dura su pena privativa de la libertad. Además, se ordenó una reparación civil solidaria de S/23.688 a favor del Estado, sumada al desembolso ilegal de fondos.

La causa se originó en un pago ilícito de S/13.688 destinado a prestaciones que nunca fueron ejecutadas.

Entre los funcionarios sancionados figura Mario Casaretto, exdirector de Logística, y César Acosta, exprimer jefe de la Compañía N.° 106 de Villa María del Triunfo. Ambos recibieron una pena de seis años de prisión, cuya ejecución está suspendida hasta que se dicte el fallo en segunda instancia.

Por su parte, los proveedores José Cueto y Mario Carrión fueron condenados a cinco años de prisión con suspensión por cuatro años bajo reglas de conducta. Estos hombres también forman parte del grupo sentenciado por la colusión en el manejo de los fondos.

Cabe resaltar que la condena específica a Casaretto incluye seis años de prisión, medida que se aplicará tras resolver el recurso de apelación correspondiente dentro del proceso legal.

Hubo concertación ilegal, según la Fiscalía

El caso se remonta al 2011. Según demostró el fiscal adjunto provincial Alan Pedro Quispe durante el juicio oral, ese año los acusados concertaron ilícitamente durante el proceso de remodelación sanitaria de unos ambientes en la Compañía de Bomberos de Villa María del Triunfo.

La investigación fiscal determinó que los hechos se originaron a través de dos órdenes de servicio. La primera fue emitida a favor del proveedor José Cueto, quien debía brindar el servicio de reparación de servicios higiénicos por un monto total de S/5.664. Pese a que los trabajos no se ejecutaron conforme a los requerimientos originales, los exfuncionarios y Cueto firmaron las conformidades del servicio para viabilizar el pago estipulado, señaló la Fiscalía.

La segunda orden de servicio fue por un monto de S/8.024 y se emitió a favor de la empresa Sermanpro S.A.C., representada por Mario Carrión. En este caso, la Fiscalía probó que las prestaciones acordadas tampoco se cumplieron al efectuarse trabajos distintos a los originalmente contratados.

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