El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha manifestado su rechazo contundente frente a una propuesta legislativa impulsada por el diputado Aldo Bravo Quispe, perteneciente a Renovación Popular. El diseño del proyecto busca establecer sanciones penales que alcanzan hasta cinco años de prisión para cualquier persona acusada de «apología al delito» en contextos de crisis política o conflictos sociales. Sin embargo, la entidad gremial advierte que los términos normativos empleados son excesivamente imprecisos y podrían vulnerar gravemente las libertades de expresión, información y prensa consagradas por nuestra Constitución.
El Consejo de la Prensa Peruana cuestiona la ambigüedad del proyecto
La organización gremial advirtió que los términos normativos de la iniciativa legal resultan imprecisos y podrían vulnerar de manera directa las libertades de expresión, información y prensa consagradas en el marco constitucional. Durante las situaciones de conflictividad social, los medios de comunicación tienen la obligación profesional de informar sobre movilizaciones, bloqueos y eventuales alteraciones del orden público. El CPP señaló que una redacción legal genérica propiciaría que la difusión de hechos de interés público sea calificada indebidamente como una conducta penal.
Asimismo, la entidad advirtió sobre la falta de delimitación jurídica para definir qué constituye una «crisis política» y qué autoridad determina su vigencia temporal. El pronunciamiento alertó que cualquier ciudadano que comparta información u opiniones sobre protestas en plataformas digitales quedaría expuesto a investigaciones penales desproporcionadas.
El gremio periodístico remarcó que durante las situaciones de conflictividad social los medios de comunicación tienen la obligación profesional de informar sobre movilizaciones, bloqueos y eventuales alteraciones del orden público. El CPP señaló que una redacción legal genérica propiciaría que la difusión de hechos de interés público sea calificada indebidamente como una conducta penal.
Los especialistas en libertad de prensa califican la iniciativa de deficiente
El abogado especialista en derecho a la información, Roberto Pereira, cuestionó el diseño técnico de la iniciativa legislativa al considerarla una medida de censura encubierta. «Además de ser innecesario, es técnicamente deficiente. Desastroso diría yo», declaró el jurista. Pereira sostuvo que el texto legal asume una premisa errónea al catalogar la cobertura informativa como un factor de riesgo para la comisión de delitos: «Introduce una serie de terminologías deficientes... concibe a los medios de comunicación como una fuente de peligro de comisión delictiva». La propuesta legislativa plantea incorporar sanciones de hasta cinco años de pena privativa de la libertad para quienes incurran en presunta «apología al delito» durante periodos de crisis política y conflictos sociales. El pronunciamiento institucional subraya además la inexistencia de legislación comparada similar en otros Estados democráticos de la región.
La iniciativa legislativa, autoría del congresista Aldo Bravo, ha sido enviada a los órganos dictaminadores de la Cámara de Diputados para su análisis. El legislador defiende el texto argumentando que no busca restringir la libertad de opinión, sino únicamente tipificar penalmente la apología a la violencia durante las manifestaciones públicas. Sin embargo, este enfoque ha generado un intenso debate parlamentario con posturas encontradas entre diversas bancadas.
En medio de la discusión, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, advirtió sobre los riesgos de criminalizar actos pacífos: «Si hay que hacer una huelga que es un derecho legítimo, constitucional. Si alguien azuza... se pueden criminalizar. Hay que tener mucho cuidado en eso».
Por su parte, el senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, fue más directo y solicitó el archivo del documento: «Consideramos que este tipo de proyectos de ley lo que hacen es amordazar... lo que debe pasar es simplemente al archivo».
Mientras tanto, Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, sugirió que la propuesta requiere ser debatida para evaluar posibles modificaciones a su articulado, señalando: «Todo es perfectible. Creo que el principio... va a tener que haber una discusión... plantear modificaciones».
El rechazo del CPP a este proyecto no es aislado; forma parte de un patrón de defensa de los derechos periodísticos y civiles. El organismo ha rechazado previamente la franja informativa gubernamental, condenado la ley que afecta la libertad de prensa y se opuso al levantamiento de secreto a periodistas.
Ese mismo compromiso con la verdad lo llevó a declarar diciembre como el mes más violento para el periodismo, mientras Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada fue reelegido presidente del Consejo de la Prensa Peruana. Ante la amenaza legislativa que busca sancionar con cárcel la apología al delito en protestas, la prensa y los ciudadanos exigen cuidado.
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