por Luz Alarcón

Cobertura financiera de la infraestructura pública frente a desastres sigue siendo muy limitada

Apeseg advierte que, ante un evento catastrófico de gran magnitud, el 95% de las pérdidas económicas tendría que asumirlas directamente el Estado o financiarlas mediante deuda de emergencia. La realidad es que la protección financiera frente a sismos y otros fenómenos naturales sigue siendo mínima en nuestro país. Por su ubicación geográfica, Perú posee una alta exposición a estos riesgos, pero la infraestructura pública carece casi por completo de blindaje económico.

Según las cifras oficiales de Apeseg, apenas el 5,3% de los establecimientos de salud —490 de un total de 9.000— y solo el 0,4% de los colegios públicos —187 de 50.000— cuentan con seguro frente a riesgos catastróficos. Eduardo Morón, presidente del gremio, señaló que esta falta de aseguramiento expone al país a largos procesos de reconstrucción cada vez que ocurre un desastre.

"Lo que uno busca es garantizar la continuidad del servicio educativo y de salud", sostuvo el experto. "Si no existen recursos para reconstruir oportunamente, esa infraestructura puede permanecer inoperativa durante años". El impacto trasciende el daño físico a los edificios; la interrupción de clases, la suspensión de la atención médica y el aislamiento de comunidades pueden prolongarse mientras se consiguen fondos.

El gremio advierte que esta brecha deja al Estado expuesto a asumir gran parte del costo total. La situación es crítica tanto ante un terremoto como frente a fenómenos climáticos extremos u otros desastres de magnitud significativa, donde la ausencia de capital asegurado paraliza la respuesta inmediata y agrava las consecuencias sociales.

Luz Alarcón

El Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), creado hace varios años, todavía opera parcialmente. No ha logrado completar toda su estructura directiva ni activar plenamente una red de municipalidades capacitadas y preparadas para construir ese registro social. "Necesitamos ese intercambio de información dentro del sector público para que, cuando ocurra una emergencia en determinado lugar, esté listo el registro de las personas que requieren atención y apoyo inmediato", enfatizó la especialista.

La respuesta ante un desastre no depende únicamente de contar con dinero para reconstruir. También es necesario identificar a las personas afectadas y tener mecanismos operativos para hacerles llegar la ayuda. Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que el Perú ya cuenta con una normativa que permite activar transferencias monetarias de emergencia, pero que todavía es necesario poner estos mecanismos a prueba y fortalecer el registro de las personas que podrían necesitarlas.

Morón indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya solicitó a las unidades ejecutoras del Estado información para construir una base de datos de la infraestructura pública y definir una estrategia de aseguramiento. Ante un evento de este tipo, el 95% de las pérdidas tendría que ser asumido directamente por el Estado o financiado mediante deuda de emergencia. La cifra supera el promedio estimado para América Latina, de 81%. Por ello, Apeseg plantea un Plan Integral de Gestión de Riesgos que combine preparación institucional, reglas para la reconstrucción, capacidad de implementación y distintas fuentes de financiamiento.

Como fondos de emergencia, seguros catastróficos, líneas de crédito contingentes y bonos catastróficos. La finalidad es contar con liquidez inmediata después de una emergencia y evitar que la reconstrucción dependa exclusivamente del presupuesto público o de nueva deuda. Este enfoque busca mitigar el impacto financiero masivo, asegurando recursos suficientes para la recuperación sin colapsar las arcas nacionales ni generar pasivos insostenibles en un contexto regional donde la vulnerabilidad es alta.

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