El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional dictó una resolución que divide el destino del caso Gasoducto Sur Peruano. Por un lado, se decretó el archivo definitivo contra catorce exministros y funcionarios del gobierno de Ollanta Humala; por otro, el proceso penal continuará activamente contra el expresidente y su esposa, Nadine Heredia Alarcón.
El magistrado Leodan Ayala fundamentó esta decisión al considerar que la Fiscalía no precisó los hechos constitutivos de colusión agravada para los exministros excluidos. En consecuencia, amparó los recursos presentados por defensas técnicas y aplicó improcedencia de acción a favor de ellos. Entre los beneficiados por el sobreseimiento se encuentran Eleodoro Mayorga, Edgard Ramírez Cadenillas, María del Rosario Patiño Marca, Guillermo Lecarnaque, Elda Patricia Díaz Gazzolo, Percy Olivas, Omar Dueñas, Luis Miguel Castilla, Jorge Merino y Carlos Paredes, además de exdirectivos de Proinversión.
La judicatura concluyó que la acusación del Ministerio Público omitió detallar la conducta típica del verbo rector "concertar", limitándose a consignar presuntas faltas administrativas. Debido a esto, el auto judicial número 51 dispuso el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares personales impuestas a estos catorce exfuncionarios.
Sin embargo, pese al sobreseimiento concedido a los funcionarios excluidos del ámbito penal, la resolución establece que deben continuar comprendidos en la vía civil para responder por la pretensión indemnizatoria planteada por el Estado. Esto implica que seguirán sujetos a las reclamaciones económicas aunque no enfrenten prisión o detención por este capítulo específico.
En contrapartida, respecto al expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón, la solicitud de sobreseimiento fue desestimada. El juzgado concluyó que la tesis fiscal sí contiene los elementos necesarios del tipo penal de colusión agravada. Por lo tanto, el proceso contra ellos no solo se mantiene vigente, sino que avanza para determinar su responsabilidad en este caso complejo que sacudió a las instituciones públicas peruanas recientemente. La distinción entre la responsabilidad civil y penal marca ahora un claro precedente en esta investigación judicial de gran impacto político.
El fallo del tribunal determina que el expresidente Ollanta Humala continúa siendo procesado en la causa por su rol como autor principal, a pesar de haber excluido a 14 funcionarios y exministros. La acusación específica le atribuye concertar acuerdos ilícitos con Jorge Henrique Simões Barata, directivo de Odebrecht, para favorecer la adjudicación del proyecto energético.
No obstante, el juez ordenó que la exprimera dama Nadine Heredia continúe enfrentando la causa en calidad de presunta cómplice primaria. Se determinó que ella intervino en reuniones donde se gestaron los presuntos pactos colusorios entre 2011 y 2012.
La orden de prosecución penal también alcanza a los procesados David San Frutos Tomé, Jesús Saldaña Fernández y la persona jurídica Enagás Internacional SLU.
Reacción de la defensa tras el fallo
Humala sostuvo en sus redes oficiales que la exclusión de los funcionarios confirma la inexistencia de irregularidades delictivas en la licitación. El exmandatario cuestionó la imputación de colusión al señalar que la adjudicación fue archivada para todas las autoridades públicas involucradas en su ejecución técnica.
Además, el expresidente manifestó que la investigación fiscal formó parte de una campaña de persecución judicial prolongada durante nueve años con embargos y allanamientos. La defensa técnica adelantó que insistirá en la solicitud de sobreseimiento definitivo durante el desarrollo de la etapa intermedia del proceso.
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