La justicia y el TC rechazaron solicitudes de libertad y confirmaron la pena de 11 años, 5 meses y 15 días. El expresidente Pedro Castillo seguirá cumpliendo su condena de más de 11 años de cárcel por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Las autoridades del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (TC) rechazaron los recursos de hábeas corpus que presentaron sus abogados para intentar liberarlo. La justicia confirmó que la pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión se mantiene firme tras el juicio por el delito de rebelión. Los jueces también desestimaron los pedidos para anular la vacancia presidencial dictada por el Congreso y rechazaron aplicar un informe de la ONU que pedía su salida de prisión. Los tribunales resolvieron que los pedidos para anular el juicio no tienen sustento legal debido a que el proceso penal ya cuenta con una condena emitida. Los jueces superiores rechazaron apartar del caso a los magistrados supremos Norma Carbajal y José Neyra como lo solicitaba la defensa del exgobernante. La defensa del exjefe de Estado intentó cuestionar la suma de penas por los delitos de conspiración y rebelión en el Código Penal, pero los juzgados ratificaron que el sentenciado deberá continuar cumpliendo su castigo en prisión. El Tribunal Constitucional resolvió en contra de las demandas presentadas por Castillo y su exministro del Interior, Willy Huerta, quien también fue condenado a más de 11 años de cárcel. El organismo señaló que los reclamos de los acusados ya fueron debatidos en etapas anteriores del juicio. De esta manera, se cerró el ciclo legal sobre la libertad del expresidente.

Los jueces del Tribunal Constitucional aclararon que los cuestionamientos sobre la privación de libertad de Pedro Castillo deben ser evaluados en la apelación tramitada ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. «Así entonces, la restricción del derecho a la libertad personal del favorecido se encuentra concretada en la referida sentencia, la misma que eventualmente puede ser materia de un nuevo proceso constitucional, siempre que aquella cumpla con el requisito de firmeza».

Juzgados ratifican validez de vacancia y rechazan informe de ONU

Sin embargo, en cuanto al informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la detención del exmandatario, el Poder Judicial rechazó utilizarlo tras aclarar que ese documento no tiene valor vinculante para los jueces peruanos. En su resolución, los magistrados confirmaron que la captura de Castillo cumplió con todas las normas legales vigentes en el país.

Adicionalmente, se declaró improcedente la solicitud para dejar sin efecto la destitución aprobada por el Congreso tras el mensaje a la Nación de diciembre de 2022. De esta manera, los tribunales refuerzan la legalidad del proceso que condenó al expresidente a más de 11 años de prisión.

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