Este jueves, a la 1:00:16 p. m., un sismo de magnitud 7.2 sacudió el sur del Perú, dejando sentir su impacto en Ayacucho, Cusco, Arequipa, Ica y, con menor intensidad, en Lima. Según los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, dentro de la provincia de Parinacochas, operando a una profundidad de 108 kilómetros. Esta característica geológica explica por qué las ondas sísmicas fueron percibidas en regiones distantes del punto focal.
En el epicentro de Ayacucho, específicamente en el sector norte de Coracora, la intensidad alcanzó niveles III-IV. La autoridad local, el alcalde provincial Tony Reyes Anampa, solicitó activación inmediata de apoyo por parte del Gobierno Regional y del Ejecutivo Nacional. Su preocupación se centra en las viviendas construidas con adobe y calamina, materiales tradicionales que requieren inspección urgente. Para ello, brigadas de auxilio y comisiones multisectoriales ya se han movilizado hacia la zona para verificar el estado de las edificaciones y descartar mayores afectaciones.
Hasta los primeros reportes oficiales, no se confirmaron daños materiales graves en Parinacochas, aunque la evaluación continúa. En otras zonas, como Cusco, las imágenes circulan por redes sociales mostrando desprendimientos de material en una zona comercial, daños estructurales en viviendas rústicas y, de manera notable, una fractura visible en la fachada del Palacio de Justicia.
Mientras se recogen estos reportes, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina descartó por completo la posibilidad de un tsunami asociado al evento, dado que el epicentro se ubica en territorio continental. Sin embargo, el clima social en Ayacucho es otro tema crítico tras el temblor. El sector del transporte ha denunciado extorsiones que llegan a S/300 diarios, sumado al alza de combustibles, lo que ha llevado a los transportistas a evaluar la posibilidad de un paro indefinido como medida de presión ante la inseguridad y el aumento en sus costos operativos.
La situación actual implica una doble gestión: por un lado, las autoridades evalúan los daños físicos en Parinacochas y otras regiones afectadas; por otro, se gestionan medidas para contener la crisis económica y de seguridad que amenaza con paralizar el transporte regional. La profundidad del evento, aunque redujo el daño directo inmediato, amplificó su percepción en todo el país, obligando a una respuesta coordinada entre múltiples instituciones.
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