El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, expuso ante el Congreso el primer eje de la Política General de Gobierno 2026-2031. Su objetivo central es reducir la inseguridad ciudadana y enfrentar delitos como la extorsión, sicariato, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas y economías ilegales que financian a las bandas.
"Nuestra respuesta será firme y sostenida: más capacidad operativa, inteligencia, tecnología y presencia policial en el territorio", afirmó. Galarreta detalló que no permitirán que las organizaciones criminales sigan avanzando mientras el Estado llega tarde. Por ello, concentrarán el esfuerzo en los delitos que más golpean a los peruanos.
Durante la presentación, anunció que se intensificarán los operativos en zonas con mayor incidencia delictiva, especialmente contra ataques vinculados al uso de motocicletas. Para lograrlo, emplearán mapas de calor e información de inteligencia con el fin de identificar a los responsables y sus centros de operación.
Además, el Ejecutivo reforzará los controles para identificar a extranjeros en situación irregular y aplicará los procedimientos correspondientes en casos que ameriten su expulsión. Estas acciones contarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas, principalmente para el resguardo de transportistas y zonas consideradas vulnerables.
La estrategia busca equipar a la Policía y recuperar el control de los establecimientos penitenciarios. Así se fortalecerá la inteligencia contra economías ilegales que sostienen al crimen organizado. Con estas medidas, el Gobierno espera mejorar la gobernabilidad y productividad del país en el marco de su plan para los próximos seis años.
El enfoque prioriza recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad ciudadana mediante una presencia más efectiva en las calles. Se busca así desarticular redes criminales y proteger a la población de amenazas que afectan directamente sus derechos fundamentales.
Gobierno plantea cambios para evitar la "puerta giratoria"
Luis Galarreta, jefe del Gabinete, propuso revisar las normas que facilitan la liberación rápida de detenidos por delitos violentos. Su objetivo es eliminar la terminación anticipada en estos casos específicos, siempre respetando el marco constitucional. Esta medida busca evitar que personas presas recuperen su libertad pocas horas después de ser capturadas.
En paralelo, se fortalecerá el sistema de flagrancia y se ampliará progresivamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos. La meta es llegar a 15 distritos judiciales priorizados por su alta incidencia delictiva. Asimismo, se devolverán al Sistema de Inteligencia Nacional las capacidades operativas necesarias para anticipar delitos, identificar estructuras criminales y contribuir a su desarticulación.
Cuarteles en desuso podrían convertirse en espacios de reclusión
Frente al hacinamiento penitenciario, el Ejecutivo prevé construir nuevos penales de alta seguridad para internos considerados de mayor peligrosidad. Mientras estas instalaciones sean implementadas, se utilizarán, mediante convenios, cuarteles en desuso de las Fuerzas Armadas y otros terrenos adecuados como espacios de reclusión. Estos lugares servirían para detener a personas sentenciadas por alimentos o delitos menores que no representen un alto nivel de peligrosidad.
Adicionalmente, se instalarán arcos detectores de seguridad en los establecimientos penitenciarios y se bloquearán las señales de comunicación. Esta estrategia busca impedir que los penales sean utilizados como centros de operaciones del crimen organizado.
Luis Galarreta confirmó que las Fuerzas Armadas tendrán un rol excepcional en seguridad externa, pero sin reemplazar a la Policía ni a la autoridad penitenciaria. Su aporte se centrará en apoyo operativo dentro de los establecimientos carcelarios, todo bajo el marco constitucional vigente.
Más de S/19 millones para combatir la extorsión
Para enfrentar el delito del secuestro con extorsión, el Ejecutivo destinó una inversión superior a S/19 millones. Estos fondos fortalecerán la División de Investigación de Extorsiones, cuyo objetivo es desarticular organizaciones dedicadas a este ilícito mediante persecución e investigación especializada.
Dentro del cronograma, para diciembre de 2026 se entregarán vehículos y motocicletas. Posteriormente llegarán drones, cámaras, computadoras de alta gama, software de análisis criminal y equipos de protección personal.
AFIS y videovigilancia con inteligencia artificial
La modernización tecnológica también incluye la implementación del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (AFIS). Este equipamiento biométrico se instalará en 15 unidades policiales, tanto de investigación criminal como criminalística, durante el año 2026.
Adicionalmente, la Policía Nacional desplegará un sistema de videovigilancia inteligente potenciado por inteligencia artificial. Esta herramienta estará operativa hacia julio de 2027 y servirá para mejorar la respuesta en tiempo real y apoyar la investigación forense.
Operativos penitenciarios intensificados
Galarreta cerró el anuncio detallando una estrategia contundente: se ejecutarán más de 50 mil operativos ordinarios y extraordinarios en seguridad penitenciaria entre 2026 y 2031. La prioridad es la incautación de teléfonos, armas, drogas y cualquier otro objeto prohibido que amenace el orden interno.
El jefe del Gabinete detalló que su estrategia prioriza recuperar el control de los establecimientos penitenciarios. La medida busca equipar a la Policía con más inteligencia y tecnología para combatir las economías ilegales que financian al crimen organizado. De este modo, se fortalecerá la lucha contra la extorsión. Según declaró Luis Galarreta, «la estrategia de seguridad buscará» consolidar estas acciones clave para mejorar la gobernabilidad nacional frente a las amenazas del delito.
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