El Estado peruano recibió una orden directa: suspender todas las acciones para reactivar el Lote 64. Esta decisión vino del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, un órgano ético fundado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. La audiencia que dio origen al pronunciamiento se desarrolló en Puyo, Ecuador, durante el XII Foro Social Panamazónico.

El tribunal, integrado por Francesco Martone, Patricia Gualinga, Natalia Greene, Mario Melo y Pablo Solón —quienes escucharon las denuncias de representantes de tres naciones— exigió detener la explotación petrolera en esa zona. Su mandato es claro: garantizar los derechos de consulta y consentimiento previo de los pueblos, restaurar los ecosistemas dañados y asegurar que quienes defienden sus territorios puedan trabajar sin amenazas ni persecución.

Pedro Arrojo, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, también intervino en la sesión. El Lote 64 se ubica en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, Loreto. Su extensión es inmensa: aproximadamente 761.500 hectáreas, las cuales se superponen al territorio ancestral de las naciones Achuar, Wampis y Chapra.

Dichas comunidades conforman un total de 22 asentamientos afectados por la actividad. Durante el debate, los representantes indígenas expusieron sus cuestionamientos a la operación petrolera en sus tierras. Las organizaciones sostienen que los impactos no se limitarían al área del lote mismo. Entre las preocupaciones principales figura el transporte del crudo mediante barcazas a través del río Morona, una ruta que cruzaría zonas sensibles y pone en riesgo el medio ambiente.

El conflicto que rodea al Lote 64 no es nuevo, pues cuenta con antecedentes vinculados a distintos proyectos de exploración. En el año 2018, la empresa Geopark presentó un estudio de impacto ambiental que recibió más de 100 observaciones. Entre los cuestionamientos señalados por las organizaciones indígenas estuvieron la identificación de pasivos ambientales, el manejo de residuos y la información relacionada con el transporte de petróleo por el río Morona.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en el Perú desde 1995, establece derechos de los pueblos indígenas en materia de consulta. Las organizaciones sostienen que estos derechos no fueron respetados en relación con la posible afectación de sus territorios.

Actualmente, Petroperú quedó como operador tras el retiro de Geopark en 2020 y la empresa estatal busca un socio comercial para evaluar la reactivación de la explotación. Las tres naciones llevan alrededor de 33 años de oposición a la extracción petrolera en sus territorios.

Durante la audiencia, los representantes expusieron preocupaciones relacionadas con las fuentes de agua, los bosques, la fauna y las actividades que forman parte de la subsistencia de sus comunidades. Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), sostuvo que la explotación petrolera representa un riesgo para los ecosistemas de los que dependen las comunidades.

"Rechazamos porque para nosotros es contaminación de la naturaleza", señaló el líder indígena. El Tribunal ético pidió frenar la reactivación, considerando estos antecedentes y las voces de quienes habitan estas tierras desde hace décadas frente a la amenaza ambiental que supondría retomar la actividad hidrocarburífera en una zona tan sensible.

Derrames y preocupación ambiental

Los antecedentes de contaminación petrolera en el país son clave para las organizaciones indígenas al cuestionar la reactivación del Lote 64. Según la investigación Las sombras de los hidrocarburos, citada en los documentos presentados, entre 1997 y mayo de 2023 se registraron 1.460 derrames y fugas de hidrocarburos en el Perú. De ese total, 57% se produjo en la Amazonía y 43% en la costa, con Loreto liderando las cifras por tener 707 registros.

Durante la audiencia del tribunal ético, Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, detalló cómo estos hechos impactan más allá de los límites directos. Ella mencionó derrames registrados en 2016, 2019, 2022 y 2024, sosteniendo que las consecuencias afectaron a comunidades ubicadas fuera del área directa de determinados lotes.

Más allá de la contaminación, las organizaciones también expusieron ante el tribunal denuncias relacionadas con conflictos territoriales y situaciones que han intensificado ante las expectativas de una eventual reactivación petrolera. Bisa Tirko afirmó haber afrontado denuncias penales y atentados contra ella y sus hijos debido a su actividad de defensa territorial.

Elio Sesen, abogado de la Nación Wampis, también denunció amenazas y procesos contra dirigentes indígenas vinculados a las protestas frente a actividades petroleras. Estas afirmaciones corresponden a los testimonios presentados durante la audiencia y forman parte de las denuncias planteadas por las organizaciones indígenas ante el tribunal.

¿Qué plantea el pronunciamiento?

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza solicitó al Estado peruano suspender las actuaciones destinadas a reactivar el Lote 64. Además, pidió revisar las decisiones que habilitan su explotación y garantizar el consentimiento previo de los pueblos indígenas. La sentencia también exige la restauración de los ecosistemas afectados.

Por otro lado, dispuso remitir esta decisión al sistema interamericano, donde ya existe una petición sobre la nulidad del lote, así como a otros organismos internacionales. Desde la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, integrada por las tres naciones afectadas, consideraron el pronunciamiento un antecedente clave para sus demandas.

Guisela Loayza, asesora legal de la alianza, sostuvo que la decisión respalda la posición histórica de las organizaciones y planteó que el país avance hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles. El pronunciamiento abre ahora un nuevo capítulo en la disputa alrededor del Lote 64, mientras las organizaciones indígenas mantienen su oposición a la explotación petrolera y Petroperú continúa evaluando alternativas para la eventual reactivación del proyecto.

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