La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano ratificó el “apagado de motores” para el próximo martes, aunque Transportes Unidos confirmó que no acatará la medida. Exministro Wilfredo Pedraza advirtió que el Plan Escudo solo alcanzaría a 53 de las 500 empresas de transporte de Lima.

El paro de transportistas convocado para este martes 25 de agosto continúa generando posiciones encontradas dentro del sector. Mientras que otros gremios han optado por abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo y respaldar las medidas anunciadas contra las extorsiones, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano ratificó la paralización y exigió una reunión con la presidenta Keiko Fujimori.

El presidente de dicha organización, Héctor Vargas, señaló que su grupo ha enviado más de seis cartas al Ejecutivo sin obtener respuesta. Por ello, representantes del gremio acudieron al Congreso para reiterar sus demandas y sostuvieron que la protesta busca llamar la atención de las autoridades y no generar caos en Lima y Callao. La consigna establecida fue el “apagado de motores” para la jornada del martes.

A esta postura se suma la Cámara de Transporte Urbano (CTU), cuyo presidente, Ricardo Pareja, planteó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) la compra e instalación de cámaras de videovigilancia dentro de los buses. Según el dirigente, los recursos destinados a estos equipos permanecen sin ejecutarse desde hace dos años.

Pareja también cuestionó la falta de herramientas para seguir el dinero utilizado en el pago de cupos. Según explicó, los extorsionadores realizan los cobros mediante billeteras digitales y posteriormente retiran el dinero en cajeros automáticos. El gremio considera que el rastreo financiero y los registros de videovigilancia podrían contribuir a identificar a los responsables de estas acciones delictivas.

Paro de transportistas: gremios toman posiciones distintas

En medio del conflicto, los gremios del transporte no comparten el mismo criterio sobre la medida. Mientras que Transportes Unidos confirmó haber recibido una invitación del Gobierno para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y conocer los alcances del denominado Plan Escudo, su dirigente del Cono Este, José Quispe, aclaró que la organización respalda la estrategia del Ejecutivo y no ha convocado al paro del 25 de agosto. El gremio valoró el despliegue de efectivos del Ejército en patios de maniobras, aunque pidió ampliar esta presencia hacia otros puntos del sistema, considerando necesario reforzar la seguridad en las calles donde algunos atentados se han producido en empresas sin custodia militar.

La reunión con el Ejecutivo adquiere especial importancia debido a que algunos gremios han condicionado el levantamiento de la medida a un encuentro directo con la mandataria. La CTU, por ejemplo, ha señalado que la paralización podría suspenderse si la presidenta recibe a los representantes del sector.

Por otro lado, bajo estas posiciones divergentes, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza cuestionó el alcance de la estrategia gubernamental contra las extorsiones. Según sostuvo, el Plan Escudo solo llegaría a 53 de las aproximadamente 500 empresas de transporte que operan en Lima. La cifra plantea dudas sobre la cobertura de una de las principales medidas anunciadas por el Ejecutivo frente a los ataques contra transportistas. Aunque la presencia militar en patios de maniobras busca prevenir atentados, los gremios también reclaman protección durante los recorridos, donde se concentra buena parte de las amenazas y ataques.

A ello se suma el temor a denunciar que aqueja al sector. Ricardo Pareja explicó que tanto dirigentes como conductores han advertido sobre posibles filtraciones de información tras presentar denuncias en dependencias policiales. Por esta razón, la CTU solicitó establecer protocolos para garantizar la reserva de identidad de quienes colaboren con las investigaciones.

El sector también cuestiona los tiempos para obtener órdenes judiciales de allanamiento contra inmuebles vinculados a presuntos extorsionadores y reclama una mayor coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

¿Solo reciben a ciertos gremios? Transportistas interprovinciales también exigen medidas

La inseguridad no afecta únicamente a las empresas de transporte urbano; los gremios del transporte interprovincial sostendrán este viernes una reunión con el ministro de Transportes, Rafael Rey, para abordar los recientes atentados contra sus unidades. Según el dirigente Martín Ojeda, la agenda incluirá también el problema de la devolución del subsidio al combustible y la escasez de conductores.

Ojeda informó que en los últimos dos meses se registraron 19 atentados contra más de siete empresas de transporte interprovincial. Además, señaló que hasta el 31 de julio se contabilizaron 113 ataques en lo que va del año, una cifra que ya supera los 107 casos registrados durante todo 2025.

En paralelo, Ojeda cuestionó que la reunión prevista con la presidenta Keiko Fujimori incluya únicamente a la Corporación Nacional de Empresas de Transportes (CONET), liderada por Julio Rau Rau. El dirigente sostuvo que la problemática de la inseguridad afecta a distintos sectores del transporte y que excluir a otras organizaciones podría dificultar una respuesta conjunta frente a las extorsiones y atentados. “Cuando una institución gremial se convierte en política es un craso error”, señaló Ojeda, advirtiendo sobre los riesgos de limitar el diálogo a un solo actor en medio de una crisis que requiere acción integral.

A cinco días del paro, el panorama se mantiene fragmentado. Mientras algunos gremios sostienen el "apagado de motores" como medida de presión, otros apuestan por el diálogo con el Ejecutivo y respaldan el Plan Escudo. Consideró que la respuesta frente a la inseguridad debe involucrar a todos los afectados y reclamó que la Policía Nacional refuerce las labores de prevención.

La reunión con la presidenta y la respuesta del Gobierno a las demandas de seguridad serán determinantes para saber si la paralización se mantiene o pierde fuerza. Así, la decisión final dependerá de esas claves que definirán el futuro inmediato del conflicto laboral en nuestro país.

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