Aunque el nuevo Gobierno prometió mano dura contra la criminalidad, mientras los delitos aterrorizan al país, surge una pregunta insistente: ¿cuándo se va el general Óscar Arriola? La frustración ciudadana es comprensible; los peruanos exigen resultados y no están dispuestos a vivir bajo el miedo de la extorsión, los asaltos o los homicidios. Sin embargo, atribuir toda la responsabilidad de la crisis de inseguridad al jefe máximo de la PNP puede ser una simplificación peligrosa.

Su permanencia en el cargo hasta septiembre de 2027 no depende de la voluntad del ministro del Interior ni de decisiones políticas arbitrarias. Según el marco legal, el comandante general tiene un periodo establecido de dos años y solo existen causales específicas para su cese: incapacidad física, falta grave, solicitud propia o pase al retiro por años de servicio. Mientras ninguna de estas circunstancias se configure, Arriola permanecerá en el cargo, guste o no.

Cambiarlo sería una salida política fácil pero ilegal; corresponde respetar las normas sin otorgarle un cheque en blanco. Su permanencia debe estar acompañada de resultados concretos. Si se reemplaza a Arriola sin modificar las estrategias, fortalecer la inteligencia policial, mejorar la investigación criminal, combatir la corrupción interna y coordinar adecuadamente con fiscales y jueces, la delincuencia continuará avanzando con otro nombre al frente de la institución.

La ley ampara al general Arriola mientras cumpla su mandato legalmente establecido. La ciudadanía debe entender que el cambio de mando no garantiza automáticamente una reducción en los índices delictivos si las causas estructurales no se abordan. El desafío real reside en evaluar si la gestión actual está logrando los objetivos perseguidos o si es necesario un replanteamiento profundo de las políticas de seguridad, independientemente de quién ocupe el cargo al frente de la Policía Nacional.

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