El “ojo” satelital que ordenó la pesca en Perú y hoy defiende su sostenibilidad

Doce analistas del Ministerio de la Producción (Produce) vigilan en tiempo real los recorridos de las embarcaciones —industriales y artesanales— que se adentran en el Pacífico. Esta confianza operativa nace del sistema de seguimiento satelital (Sisesat), que hoy defiende la sostenibilidad pesquera.

Un “refresh” en el monitoreo

Desde 1998 hasta 2014, la vigilancia de las radiobalizas —dispositivos básicos de socorro— funcionaba dentro de una pequeña oficina. Solo cuatro especialistas procesaban data incipiente en computadoras convencionales. Así lo narró Daniel Collachagua, cabeza de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de Pesca y Acuicultura.

No obstante, el salto tecnológico posterior expandió la herramienta hasta convertirla en una plataforma de capacidades multiplicadas. Se introdujo comunicación bidireccional mediante un software propio y se estableció un reglamento (decreto supremo 001-2014) para los proveedores.

"En 2014 empezamos el desarrollo del software y lo culminamos en 2015. A partir de ahí somos uno de los pocos países del mundo que trabajan bajo ese esquema", explicó Collachagua. Mencionó que Chile y Panamá utilizan el Themis, un enlatado (aplicación ya desarrollada, lista para comprar e instalar). "Operar con exclusividad nos permite garantizar la integridad de la información que tenemos", agregó. Este enfoque propio contrasta con soluciones comerciales globales, consolidando al Perú como referente en control satelital pesquero.

¿Qué sucedería si el "ojo" guardián no existiera? Jennifer Vilches, abogada en pesca y directora del Instituto Humboldt, responde que la industria pesquera perdería orden, impactando directamente los precios. Sin monitoreo satelital, el control sobre zonas de pesca, vedas y volúmenes se debilita. Esto incrementa la pesca ilegal o no declarada, afectando la gestión estatal y comprometiendo su sostenibilidad.

El ingreso de producto informal inflaría la oferta y bajaría los precios. El resultado sería un mercado injusto: quienes cumplen las reglas competirían en desventaja frente a quienes operan sin ellas.

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