Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), ha exigido formalmente a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que proceda con la compra e instalación inmediata de cámaras de videovigilancia en el interior de las unidades. Este reclamo se presenta como una condición indispensable para el paro de transportistas programado para el próximo martes 25 de agosto, según confirmó el gremio tras revelar que los fondos presupuestales asignados llevan dos años sin ejecutarse. La dirigencia denunció en el programa Cuentas Claras que la entidad estatal mantiene estos recursos estancados en sus cuentas bancarias por un periodo prolongado.
El vocero de la organización fue contundente al declarar: «El tema de las cámaras ayudaría mucho y es un costo que ya el presupuesto fue depositado a las cuentas de la ATU, pero desgraciadamente... hasta el día de hoy han pasado 2 años que las cuentas de la ATU tienen el dinero y no se compran las cámaras». Pareja explicó detalladamente la situación: los extorsionadores actualmente exigen pagos mediante aplicaciones celulares y retiran el dinero en cajeros automáticos equipados con sistemas de grabación visual. Sin embargo, cuestionó severamente que las autoridades no crucen esta información bancaria en tiempo real para capturar a los receptores ilícitos de los cupos. Además, criticó la falta de herramientas estatales para rastrear transacciones financieras y aplicar controles biométricos frente a estos cobros digitales.
Por otro lado, se han manifestado temores entre choferes y dirigentes respecto a acudir a las dependencias policiales de la Dirincri o comisarías. La preocupación surge debido a presuntas filtraciones de información hacia bandas criminales, lo que generaría represalias si denuncian en estos lugares. El gremio insiste en que la instalación de este sistema tecnológico no solo es una necesidad operativa, sino una medida urgente para garantizar la seguridad y transparencia en el transporte urbano capitalino, dado que el presupuesto ya estaba disponible hace tiempo pero permanece inactivo por negligencia administrativa. La cita con Keiko Fujimori se mantiene como parte del acuerdo político para desbloquear esta situación crítica antes de la fecha límite del paro.
Pareja recordó que durante los últimos dos años, el gremio sostuvo reuniones con seis o siete ministros del Interior sin lograr concretar las promesas de seguridad ni patrullaje de élite. Esta falta de resultados ha generado una desmotivación profunda en los transportistas afectados por constantes atentados y amenazas de muerte.
El titular del gremio indicó que los extorsionadores llaman a las víctimas minutos después de que estas denuncien formalmente en las sedes policiales. Ante este escenario, el representante denunció que la Policía Nacional enfrenta demoras judiciales de entre 15 y 20 días para obtener una orden de allanamiento tras identificar los inmuebles de los criminales.
Frente a esta situación, la CTU solicitó la implementación de protocolos de reserva absoluta de identidad para proteger a los conductores que colaboran con la justicia. Además, el gremio señaló que la falta de coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial impide frenar los crímenes en las rutas de Lima y Callao.
El gremio condiciona el paro y exige cámaras de vigilancia en las unidades
La paralización del servicio de transporte urbano programada para el 25 de agosto se suspenderá únicamente si la presidenta Keiko Fujimori recibe a los gremios en Palacio de Gobierno. Asimismo, exigen que la ATU instale cámaras con presupuesto asignado hace dos años.
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