Hugo Soria Flores, el hombre que llevaba casi una década como prófugo, finalmente fue capturado el pasado 18 de agosto en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, Ucayali. Esta detención pone fin a su estatus en la lista de Los Más Buscados del Ministerio del Interior, por quien se ofrecía una recompensa de S/50.000 soles por información sobre su paradero.

Soria Flores enfrenta una condena de 28 años y tres meses de prisión debido al homicidio calificado con agravante de alevosía cometido en septiembre de 2014 contra cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto: Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. La sentencia judicial también alcanzó a José Carlos Estrada Huayta, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix.

Tras su captura, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, José Antonio Huamaní Taype, declaró cumplido el mandato de ubicación. Como consecuencia inmediata, dispuso el ingreso del detenido al Establecimiento Penitenciario de Pucallpa para cumplir la pena.

El cómputo de la prisión preventiva comenzó oficialmente el 18 de agosto de 2026 y, según la resolución judicial, culminará el 17 de noviembre de 2054, salvo que exista otro mandato judicial pendiente. La Policía Nacional ejecutó la orden para llevar al imputado a la cárcel tras confirmar su ubicación.

"Sobre el intervenido, por quien se ofrecía una recompensa S/50.000, pesaba una condena por el asesinato de líderes indígenas en septiembre de 2014", se lee en la publicación oficial del Ministerio del Interior donde se anunció su detención. El Poder Judicial ordenó su internamiento tras confirmar que cumplía con los requisitos para ser trasladado al penal.

"Sus días de prófugo terminaron", fue el mensaje clave enviado por el gobierno nacional a través de sus redes sociales, destacando la labor policial en esta operación. "La Policía Nacional capturó a Hugo Soria Flores, quien figuraba en la lista de Los Más Buscados por el delito de homicidio calificado". El caso Saweto ha sido un pendiente judicial durante años y su resolución marca un hito importante para la justicia en la región.

Esta captura resuelve una parte crucial del expediente, permitiendo ahora avanzar con las investigaciones restantes. La comunidad espera que esta acción sirva como un precedente de que ningún crimen queda impune, incluso tras largos periodos de evasión. El sistema penal peruano dio cumplimiento a la ley y restableció el orden jurídico en este caso tan sensible para los pueblos originarios.

¿Qué ocurrió con los líderes indígenas de Saweto?

El caso Saweto se originó tras el asesinato, perpetrado el 1 de septiembre de 2014, de cuatro dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto. Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron ejecutados mientras se dirigían hacia Apiwtxa, en Brasil. Los antecedentes judiciales vinculan este crimen con las denuncias que los líderes presentaron contra la extracción ilegal de madera en su territorio.

En 2013, Chota denunció la presencia de cientos de trozas extraídas sin autorización. Posteriormente, las autoridades realizaron diligencias en distintos aserraderos de Pucallpa, donde se encontraron grandes cantidades de madera sin documentación válida. Por estos hechos, el Poder Judicial estableció responsabilidades para cinco personas por el homicidio calificado.

La condena incluye una pena efectiva de 28 años y tres meses de prisión, más una reparación civil de S/400.000 a favor de los sucesores de las víctimas. Hugo Soria Flores fue capturado el 18 de agosto de 2026 e internado en el penal de Pucallpa; José Carlos Estrada Huayta lo hizo en mayo del mismo año. Por su parte, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix permanecen prófugos.

Además, Eurico Mapes Gomes también fue condenado y continúa pendiente de captura. El Poder Judicial precisó que la sentencia atribuyó a Soria Flores y Estrada Huayta la condición de autores mediatos. En cambio, Josimar y Segundo Euclides Atachi Félix fueron considerados coautores del homicidio calificado con alevosía. Esta responsabilidad legal confirma el vínculo entre la violencia ejercida contra los líderes y las denuncias ambientales que habían realizado.

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