César Astudillo, ministro del Interior, utilizó cifras infladas para justificar el permanencia del jefe policial Óscar Arriola frente a la nueva administración. El funcionario aseguró que "había 500 muertos más" en comparación con el año anterior, argumento que ahora se cuestiona tras detectar errores graves en los registros oficiales. Juan Carbajal, analista de datos, reveló que la base de la Policía Nacional del Perú (PNP) registró cifras alteradas durante el 2025. Específicamente, el sistema contabilizó 133 supuestos homicidios de bebés recién nacidos entre abril y junio de ese año, una cifra que nunca se reportó en la realidad.
El extitular del Interior, Wilfredo Pedraza, ha cuestionado públicamente que el nuevo Gobierno no haya modificado la estrategia policial para enfrentar la ola de extorsiones y asesinatos. Sin embargo, el Ministerio del Interior (Mininter) informó a inicios de julio que los homicidios cayeron 24,6% en el primer semestre del 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Según el reporte oficial, la cifra bajó de 1.680 a 1.267 casos.
Ese dato se convirtió en la principal defensa para sostener que la estrategia de seguridad funciona y que Arriola debe seguir al mando. La pregunta que hasta ahora nadie ha respondido es si la reducción de homicidios que celebra el Gobierno es real o un espejismo estadístico. El sistema de la PNP registró cifras alteradas durante el 2025, lo que pone en duda la validez de las comparaciones temporales. Astudillo aseguró que, comparado con el año pasado, "había 500 muertos más" a estas alturas. Sin embargo, la base de datos de la PNP muestra que esa comparación se apoya en registros con errores graves detectados entre abril y junio del 2025.
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El analista de datos Juan Carbajal calificó como "espejismo estadístico" la cifra de "500 muertos menos" que maneja el ministro. Su investigación sobre el sistema DIVCOP de la PNP revela una anomalía grave en la base de datos del periodo entre abril y junio del 2025. La categoría "Otros objetos", que agrupa homicidios sin arma de fuego ni blanca, se disparó artificialmente. Ese salto infló las cifras del año pasado y, con ello, exageró la caída que el Gobierno atribuye al 2026.
Los números son contundentes: esa categoría acumuló 494 registros en el primer semestre de 2025. Esa cifra casi cuadruplica los 125 casos del 2024 y los 120 del mismo periodo en 2026. El promedio histórico normal nunca superó los 35 casos por mes, pero solo entre abril y junio del 2025 se acumularon 416 registros bajo ese rubro.
Datos aún más extraños surgieron al desagregar la información según las edades de las víctimas. Carbajal encontró que el sistema registró 133 homicidios de personas de 0 años en ese mismo trimestre: 49 en abril, 48 en mayo y 36 en junio. En contraste, en 2024 y 2026, esa misma categoría marca entre 0 y 1 caso en todo el semestre.
La denuncia llega en un momento sensible. Keiko Fujimori anunció una evaluación de los altos mandos policiales apenas días antes de que Astudillo saliera a defender a Arriola con dicha cifra. Mientras tanto, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) reportó más de 80 homicidios solo en los primeros quince días del nuevo Gobierno, un dato que contrasta con el discurso oficial de mejora.
El analista señala que un masacre de bebés recién nacidos en tal magnitud habría provocado una alarma humanitaria inmediata y una cobertura noticiosa masiva, pero eso nunca sucedió. Carbajal cruza esta premisa con los registros de Sinadef, donde médicos legistas jamás certificaron ese pico de muertes menores en esos tres meses. Con esa evidencia, el experto propone un cálculo alternativo: si se reemplaza el trimestre con errores por el promedio histórico normal, el exceso se reduce a unos 350 registros mal digitados. Bajo este ajuste, el primer semestre del 2025 tendría cerca de 1.330 homicidios y no 1.680. Al comparar esto con los 1.267 casos del 2024, la caída real sería apenas del 4,7%, muy lejos del 24,6% que anunció el Gobierno.
Frente a estas discrepancias, Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, cuestionó en diálogo con este diario que exista una cifra oficial de reducción sin conocer su origen. "Yo no conozco la cifra que el ministro ha señalado de una reducción del número de asesinados", indicó el funcionario. Remarcó que un cambio de gobierno no tiene, por sí solo, ninguna relación directa con la baja o el alza de la criminalidad. Además, pidió que la PNP audite esos registros antes de seguir usándolos como referencia, algo que hasta el cierre de esta nota no ha ocurrido.
Pedraza señaló que el cambio de gobierno no ha significado hasta ahora un cambio de estrategia en la intervención policial. "El cambio de gobierno no ha significado hasta ahora un cambio de estrategia en la intervención policial y por eso es que no se observa ningún cambio sustantivo", afirmó. Para el exministro, el problema de fondo no está en atrapar al sicario que dispara, sino en identificar mediante inteligencia a quienes ordenan los ataques y las extorsiones. Pedraza fue más allá: la gestión actual no ha modificado en nada la forma en que la policía enfrenta el crimen organizado.
Sobre el Plan Escudo, operativo que despliega policías y militares para proteger a transportistas, el exministro fue crítico. Explicó que ese esquema alcanza a 53 de las 500 empresas de transporte que operan en Lima, según cifras de un dirigente del gremio. "Ese plan podrá servir coyunturalmente a una parte muy reducida de los afectados, los transportistas, pero definitivamente no es una respuesta global al fenómeno que hoy tenemos", advirtió. Pedraza insistió en que la solución pasa por invertir en tecnología para rastrear comunicaciones. Según dijo, la mayoría de las extorsiones se coordinan por redes sociales y mensajes de texto. La falta de herramientas tecnológicas impide cortar el vínculo entre los mandos y los ejecutores del delito, manteniendo al gremio vulnerable ante una estructura criminal que opera sin fisuras en el entorno digital actual.
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