A un mes del sismo que sacudió Pumpunya, el epicentro de la emergencia en Chongos Bajo, la realidad de las familias damnificadas muestra un desfase con las promesas iniciales. El temblor de magnitud 5.4 ocurrió el 18 de julio y dejó escombros por remover, pero la cifra que más preocupa es la vivienda temporal: solo se han instalado 48 módulos en el anexo afectado. Esto contrasta fuertemente con lo anunciado por la presidenta Keiko Fujimori tras su visita del 31 de julio, cuando prometió el traslado de 500 módulos para los afectados.

José Augusto Vásquez Loaiza, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, ratificó este vacío en la respuesta estatal. «Estamos a 30 días de la emergencia. Sin embargo, solamente se han trasladado 48 módulos temporales de vivienda de los 500 que se dijo en un primer momento», afirmó con claridad el funcionario regional.

El panorama general del desastre es aún más amplio. Tras el primer evento sísmico, un segundo movimiento de magnitud 5.0 ocurrido el 6 de agosto amplió la crisis a otros distritos. En total, Defensa Civil ha actualizado su balance indicando que son 20 los distritos declarados en emergencia y unas 3500 las viviendas destruidas o inhabitables en todo el departamento.

Frente a esta lentitud institucional, los alcaldes de los distritos afectados reunidos por la región decidieron actuar. Acordaron solicitar una audiencia urgente con el ministro de Vivienda para exigir claridad sobre dos puntos críticos: cuándo culminará la validación de las viviendas y cuándo podrán acceder las familias al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE). Mientras tanto, en Pumpunya se siguen trabajando a mano porque la maquinaria no puede llegar. A pesar del anuncio inicial de 500 módulos, la realidad instalada es apenas una fracción.

La presidenta Keiko Fujimori visitó el lugar el 31 de julio para evaluar los daños y prometer soluciones rápidas, pero la ejecución en campo se ha estancado. El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Augusto Vásquez Loaiza, señaló que la atención aún no alcanza la cantidad anunciada inicialmente.

Gobierno de Keiko Fujimori con facultades pretende entregar la Reserva de Paracas a la pesca industrial. (Composición: lalupa).

Vásquez destacó que, tras el primer sismo, los municipios reportaron 2.136 viviendas destruidas o inhabitables, cifra superior a las mil validadas por el Ministerio de Vivienda hasta la fecha.

“Necesitamos que el Ministerio de Vivieinda nos aclare y nos diga cuáles son los requisitos, filtros o criterios que están tomando para validar a una cantidad de viviendas y no considerar a otras”, expresó el funcionario. Esta incertidumbre frena la acción local: las municipalidades deben demoler inmuebles inseguros y preparar terrenos para módulos temporales, pero todo depende de la verificación estatal previa.

Vásquez advirtió que las lluvias podrían iniciar entre octubre y noviembre, mientras familias siguen usando carpas. “Las carpas no van a soportar las lluvias intensas”, señaló. Para mitigar el riesgo, consideró que los módulos deberían instalarse en los primeros 60 días de la emergencia. Si el proceso se retrasa, evaluaremos ampliar el estado de emergencia.

En lo educativo, el Minedu informó que 68 aulas tipo domo atenderán a escolares: 20 ya están operando y otras 48 llegan como operación complementaria para cubrir una demanda total de 83 aulas. Los nuevos domos se ubicarán en 18 instituciones educativas de Huancayo y Chupaca, con capacidad para hasta 2.880 estudiantes en dos turnos.

La brecha entre el reporte inicial de destrucción y la validación oficial sigue siendo un obstáculo crítico para la respuesta humanitaria integral en la región afectada por el desastre sísmico.

Cuatro informes de la Contraloría General de la República señalan deficiencias en la respuesta inicial municipal tras el sismo. En Chongos Bajo, al momento del temblor, faltaba el padrón de damnificados y no existían credenciales para acceder al SINPAD. Por su parte, Viques registró que solo 100 de los 739 afectados habían recibido donaciones durante la inspección fiscal. Huayucachi y Chupuro también mostraron retrasos en la gestión y entrega de ayuda humanitaria. Aunque la asistencia básica está prácticamente cubierta según datos disponibles, la atención habitacional permanece pendiente para las familias que perdieron sus viviendas. Estos hallazgos revelan brechas críticas en los primeros días de emergencia. El enlace a la nota original se encuentra disponible en el medio HYTIMES.PE para quienes deseen ampliar la información con detalles adicionales sobre la situación actual y las acciones emprendidas por las autoridades locales frente al desastre natural que impactó a la región Junín hace un mes, dejando miles sin techo y necesitando urgentemente de soluciones duraderas y coordinadas.

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