MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este miércoles que Estados Unidos levante sus sanciones impuestas en la víspera contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, una medida que ha tildado de "inaceptable".

"Deben levantarse las nuevas sanciones inaceptables impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del TPI y un miembro de la Fiscalía", ha señalado el organismo en redes sociales en relación a la decisión adoptada por la Administración Trump contra la magistrada japonesa y el abogado senegalés Abdoulaye Seye por su papel en las investigaciones iniciadas por el tribunal por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

Turk ha vuelto a pedir que los Estados "salgan en defensa de las instituciones que ellos mismos han creado para velar por los Derechos Humanos y el Estado de derecho", además de que "protejan" a los afectados objeto de estas "represalias" de Washington.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este martes en su 'lista negra' a Akane y Seye por haber "participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios" de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma. Esta acción provocó la "profunda preocupación" del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien extendió su alerta al resto de empleados del TPI afectados: ocho jueces, dos fiscales adjuntos y el exfiscal jefe Karim Jan.

El diplomático portugués "respeta profundamente la labor" de esta corte y la considera "un pilar fundamental de la justicia penal internacional", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un breve comunicado. El contexto del conflicto es claro: el TPI dictó en noviembre de 2024 sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant.

Tales ordenes se emitieron por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada más de un año antes sobre la Franja de Gaza. Ante esta escalada, Turk ha insistido nuevamente en que la comunidad internacional debe proteger a los jueces y fiscales de Washington.

Su argumento central se basa en la paradoja de que las naciones deben "salir en defensa de las instituciones que ellos mismos han creado para velar por los Derechos Humanos y el Estado de derecho". La postura de la ONU es contundente: estas sanciones no solo son contrarias al derecho internacional, sino que debilitan gravemente a una justicia diseñada para juzgar a los más poderosos.

"Deben levantarse las nuevas sanciones inaceptables impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del TPI y un miembro de la Fiscalía", ha señalado el organismo en redes sociales. La presión internacional crece, esperando que la Administración Trump revise su decisión antes de que se consolide un precedente negativo para la justicia global.

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