La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Caminos de Memoria rechazaron el intento del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, de trasladar la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) o LUM fuera del Ministerio de Cultura.

La organización advirtió que mover el espacio dedicado a las víctimas del periodo de violencia entre 1980 y 2000 pondría en riesgo la autonomía técnica y su carácter plural. En una carta enviada al funcionario, señalaron que no sería compatible con la misión del LUM "el control de su relato sea transferido a una institución que fue uno de los actores directamente involucrados en el conflicto".

Ese rechazo se debe a declaraciones del ministro publicadas en una entrevista del diario Perú21 el 16 de agosto. Según la CNDDHH, Álvarez calificó al LUM como vocero de un "falso relato", el de la propia CVR, y afirmó que ese discurso buscaría exculpar a sectores de izquierda de su relación con el terrorismo. La organización respondió aclarando que la Comisión estableció sin ambigüedad que Sendero Luminoso inició la violencia y fue responsable principal de las desapariciones y asesinatos ocurridos.

La misiva también cuestionó una frase del ministro sobre las víctimas civiles del conflicto interno. Álvarez habría dicho: "el negocio era propiciar víctimas civiles para poner a la población contra el Estado". La CNDDHH calificó esa expresión como grave porque deshumaniza a las víctimas y traslada hacia ellas la responsabilidad de violaciones que sufrieron, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, entre otras.

Las dos entidades exigieron rectificar públicamente sus comentarios sobre la CVR y el impacto en las víctimas. Consideran inaceptable que una institución involucrada en el conflicto armado controle ahora la narrativa histórica de quienes padecieron esos hechos. La carta busca proteger la integridad del LUM, asegurando que siga siendo un espacio plural sin injerencias políticas que distorsionen la verdad sobre el pasado reciente del país y las responsabilidades de los actores armados.

Firman la misiva Tania Pariona Tarqui, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, junto a Sofía Macher Batanero, presidenta de Caminos de Memoria. El documento exige que cualquier decisión sobre el futuro del LUM garantice la participación de víctimas, sus familiares y especialistas en derechos humanos. La organización también rechazó los comentarios del ministro sobre las protestas en Puno.

Según la carta, Álvarez mezcló hechos distintos y atribuyó responsabilidades colectivas que no han sido establecidas por la justicia. La muerte del suboficial José Luis Soncco fue materia de una investigación penal individual, recuerda la CNDDHH, y ese hecho no permite responsabilizar a todos los que participaron en las movilizaciones.

La carta menciona también la muerte de seis soldados en Ilave, ocurrida cuando cruzaban un río por orden superior y con su equipo completo. Los soldados murieron ahogados, no a manos de los manifestantes, según precisa el documento. La CNDDHH recuerda, además, que pobladores de la zona participaron en las labores de auxilio y rescate durante ese episodio.

La organización sostiene que la memoria democrática no debilita al Estado, sino que lo fortalece cuando reconoce, sin ambigüedades, tanto la responsabilidad de los grupos subversivos como las violaciones cometidas por agentes estatales. Por ello, pidió a Álvarez aclarar y rectificar en público sus declaraciones. Además, exigió que cualquier decisión sobre el LUM respete su autonomía técnica, su pluralidad y la centralidad de las víctimas.

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