Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú, asume la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo 2026-2027.

La elección de su nueva Mesa Directiva marcó el cierre del proceso de instalación del grupo parlamentario. En este cargo, Palomino fue elegida por unanimidad, sumándose a ella Edgar González, diputado del Partido del Buen Gobierno, en la vicepresidencia, y la diputada Indira Huilca de Ahora Nación a cargo de la secretaría.

Tras asumir su rol, la presidenta destacó que "Esta es una comisión de la representación nacional y así será la orientación nuestro trabajo". Según Palomino, la labor legislativa en materia de justicia exige respuestas viables y articuladas por parte de los órganos competentes. Asimismo, subrayó que el acceso a la justicia debe ser una garantía para todos los peruanos, sin importar su ubicación geográfica.

"Ya sea que se encuentra en la capital o en cualquier región del país merece normas eficaces para fortalecer sus derechos sin desconocer los deberes ciudadanos", afirmó. Durante la sesión, detalló una lista de deficiencias técnicas que impactan la calidad del servicio y requieren atención inmediata por parte del Legislativo.

La coordinadora enfatizó la urgencia de coordinar esfuerzos para mejorar el sistema judicial actual. "La labor legislativa en materia de justicia y derechos humanos, hoy más que nunca, exige respuestas viables y articuladas por parte de los órganos competentes", concluyó su intervención inicial sobre las propuestas para reformar el sistema.

Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú, asumió la presidencia de la Comisión de Justicia con una agenda enfocada en solucionar problemas recurrentes y estructurales del sistema. «Hay problemas recurrentes que debemos observar: como la provisionalidad de los magistrados, la ratificación periódica judicial, la carga y demora procesal, la falta de consolidación de la justicia de paz, la falta de implementación plena de la interoperatibilidad y el uso raiconal de la tecnología y la inteligencia artifical en el sistema de justicia».

También alertó sobre la fragilidad de los valores democráticos. «Hay problemas estructurales como la corrupción y la crisis de la ética profesional y la falta de cultura democrática que no respeta la autonomía y la independencia de los poderes públicos ni la autoridad de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos». Para Palomino, es vital proteger la independencia judicial frente a cualquier interés personal.

Se revisarán leyes pro impunidad

El vicepresidente Edgar González Polar complementó el plan de trabajo del equipo. «Trabajaremos para revisar aquellas normas que puedan favorecer la impunidad y dificultar la investigación de los crímenes y organizaciones». Su objetivo es impulsar una reforma que fortalezca la independencia institucional y fiscalizar vacíos legales que en el pasado permitieron a grupos delictivos evadir la ley. Sin embargo, enfatizó que se defenderá «el debido proceso, la presunción de la inocencia y los derechos fundamentales del ser humano», equilibrando la lucha contra el delito con las garantías constitucionales.

Como parte del cronograma oficial establecido, los legisladores acordaron que sus sesiones se realizarán cada martes a las 3.00 p. m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. Este nuevo formato busca optimizar el tiempo de trabajo para abordar con mayor celeridad y eficacia los desafíos identificados en el sector justicia. La comisión trabaja ahora bajo esta nueva directiva, listos para ejecutar reformas que garanticen tanto la seguridad ciudadana como el Estado de Derecho.

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