Asesora reciclada: el retorno de María Belén Gómez de la Torre al Ministerio de Cultura

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El Ministerio de Cultura vuelve a mirar hacia atrás, una contradicción que surge mientras el ministro Alberto Beingolea anunciaba públicamente una nueva etapa para el sector y cuestionaba el copamiento político de la institución. En pleno discurso de renovación, una antigua funcionaria retorna a un puesto estratégico: María Belén Gómez de la Torre Barrera ha sido designada asesora II del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. La orden se formalizó mediante la Resolución Ministerial N.° 281-2026-MC, firmada por el viceministro Fernando López Sánchez y publicada el 12 de agosto de 2026.

Esta designación resulta políticamente incómoda y vuelve a colocar bajo la lupa a una mujer con una larga trayectoria en el sector. Su paso por áreas estratégicas del patrimonio, su participación directa en documentos vinculados con Nasca y su contratación para trabajos especializados en Chankillo plantean preguntas que la actual gestión está obligada a responder. En lugar de abrir paso a nuevos cuadros, como sugiere el discurso oficial, el Ejecutivo incorpora a alguien que conoce desde hace años los circuitos internos de la administración pública.

Gómez de la Torre tiene un historial extenso en el sector público. Trabajó en el Ministerio de Cultura entre 2008 y 2018 en la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial, donde posteriormente ocupó la dirección de esa misma área. Su carrera ascendió hasta ejercer como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, una de las dependencias más sensibles de la administración del patrimonio arqueológico nacional. Hasta septiembre de 2021 estuvo al frente de esta última área.

Hoy, precisamente, el caso Nasca vuelve a estar en el centro de la controversia por denuncias relacionadas con el recorte del polígono del área protegida, el funcionamiento del Sistema de Gestión de Nasca y Palpa y diversas decisiones administrativas que son materia de cuestionamiento e investigación. Por ello, su retorno al Ministerio no puede ser observado únicamente como una designación administrativa; también obliga a revisar las responsabilidades institucionales de quienes tuvieron posiciones de decisión durante los años en que se construyó el actual escenario de crisis.

Uno de los principales puntos que requiere explicación es su participación en la elaboración del "Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural de Nasca y Palpa", instrumento formulado desde la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial y aprobado en 2015. La pregunta es inevitable: si durante años se trabajó en un sistema destinado a proteger y gestionar uno de los sitios arqueológicos más importantes del planeta, ¿por qué su aplicación no logró impedir el deterioro de la gestión de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa?

Gómez de la Torre permaneció vinculada al Ministerio durante buena parte del periodo posterior a la aprobación del documento y llegó posteriormente a dirigir la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble. Sin embargo, durante ese tiempo no trascendió una alerta pública de su parte sobre los problemas que posteriormente terminarían convirtiéndose en una crisis de dimensiones internacionales. Además, también fue asesora del entonces ministro Alfredo Luna.

También fue asesora del entonces ministro Alfredo Luna, con quien compartió la gestión previa a su retorno actual. Ahora vuelve a ocupar una posición desde la cual tendrá acceso directo a información, decisiones y procesos vinculados con la política nacional de patrimonio cultural. Su regreso sugiere que el Ministerio prefiere la continuidad técnica de alguien con conocimiento interno antes que la incertidumbre de nuevos perfiles en momentos donde las denuncias sobre el deterioro del sitio arqueológico son cada vez más recurrentes.

Chankillo: una orden de servicio que exige transparencia

Otro antecedente clave para entender el caso corresponde a su vinculación con la Unidad Ejecutora 010 Chankillo. En noviembre de 2025, Lima Gris informó sobre diversas contrataciones realizadas por esta unidad, entonces bajo la dirección del arqueólogo Iván Ghezzi Solís. El reportaje consignó observaciones relacionadas con pagos a especialistas, servicios contratados y decisiones presupuestales que requerían una mayor explicación pública.

En ese contexto específico apareció el nombre de María Belén Gómez de la Torre Barrera. La existencia de estas contrataciones no constituye, por sí misma, una prueba de irregularidad legal. Sin embargo, sí plantea una pregunta periodística legítima y fundamental: ¿qué servicios concretos fueron prestados, cuáles fueron sus productos finales, quién los supervisó y cuál fue el resultado verificable de esos trabajos?

Esas respuestas deberían estar disponibles para cualquier ciudadano interesado en conocer cómo se utilizan los recursos públicos destinados a la protección del patrimonio. Para ilustrar esta situación, se detallan dos eventos ocurridos apenas meses antes: el 15 de enero de 2025, el Ministerio de Cultura emitió una orden de servicio por S/ 40 000 para un trabajo especializado relacionado con patrimonio mundial a favor de Gómez de la Torre. Nueve días después, el 24 de enero, se emitió otra orden de servicio idéntica en monto, también por S/ 40 000, pero esta vez desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

La cercanía académica que debe aclararse

Cuando un funcionario designa para un cargo de confianza a una profesional con la que tuvo una relación académica previa, resulta razonable exigir transparencia sobre los criterios utilizados para la selección. Existe, además, un elemento que merece ser aclarado por la propia administración: la relación profesional entre Fernando López Sánchez y Gómez de la Torre.

Según la información proporcionada, ambos estuvieron vinculados en el ámbito académico de la Maestría de Conservación del Patrimonio Edificado de la FAUA-UNI, donde López Sánchez habría ejercido como docente. El Ministerio debería explicar si existió un proceso de evaluación formal, cuáles fueron los méritos considerados y qué experiencia específica justificó esta designación.

Porque el problema no es que una funcionaria con experiencia regrese al Estado. El verdadero conflicto emerge cuando los retornos se producen sin explicaciones suficientes y en áreas donde existen controversias que involucran a antiguos funcionarios y decisiones tomadas durante su permanencia en la institución.

Una oficina estratégica para decisiones sensibles

La asesoría del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales no es un puesto menor dentro de la estructura estatal. Desde allí se puede participar activamente en la preparación de informes, recomendaciones, decisiones y políticas que afectan directamente la conservación del patrimonio arqueológico e histórico.

Viceministro Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Por eso, la designación de una funcionaria con pasado en la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial y en la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble exige una revisión particularmente rigurosa. Hay demasiados asuntos pendientes que requieren atención inmediata: el caso Nasca y Palpa, las decisiones sobre áreas arqueológicas, los proyectos de inversión, las contrataciones de consultores y las investigaciones sobre posibles irregularidades dentro del sector.

En todos esos casos críticos, el Ministerio tiene la obligación ineludible de garantizar que quienes intervienen en la toma de decisiones actúen con absoluta independencia y transparencia. El problema de fondo no es María Belén Gómez de la Torre como individuo. El problema es un modelo de administración pública que, durante años, ha permitido que determinados funcionarios circulen de una dirección a otra, de una consultoría a un cargo de confianza y de una gestión política a otra.

Este sistema acumula poder, información y relaciones dentro de una institución que debería tener como prioridad absoluta la defensa del patrimonio nacional.

La respuesta no puede quedar enterrada bajo otra capa de burocracia. Porque cuando una institución que anuncia renovación termina reciclando a sus antiguos cuadros, la primera sospecha no es de cambio. Es de continuidad.

Si el nuevo Ministerio prometió terminar con los privilegios y renovar las estructuras internas, esta designación merece una explicación. María Belén Gómez de la Torre también es identificada con el oscuro grupo lumbrerista.

No basta con afirmar que se está cambiando el Ministerio de Cultura. Hay que demostrarlo.

Y en Nasca existe una pregunta que permanece abierta: ¿quiénes estuvieron dentro de la estructura que permitió llegar hasta la actual crisis y qué responsabilidad institucional tuvieron quienes ocuparon posiciones estratégicas durante ese proceso?

A pesar que hace una semana le hemos solicitado una entrevista al ministro de Cultura, hasta hoy seguimos recibiendo silencio.

En el Perú de hoy, decir “me atacan porque soy del pueblo” se ha vuelto un atajo cómodo. Demasiado cómodo. La cultura de la victimización ya no es solo una reacción social legítima ante la desigualdad; se ha transformado en una herramienta política de primer orden. Una coartada. Un escudo. Un discurso que sirve para esquivar responsabilidades, tapar incompetencias, justificar fracasos y, en no pocos casos, maquillar abusos de poder. Lo digo con cuidado, pero también con cansancio acumulado: hemos aprendido a usar el dolor como bandera, pero también como refugio.

No escribo esto desde una torre de marfil. He pasado años escuchando historias reales de discriminación, de pobreza heredada, de puertas cerradas por el simple hecho de venir de donde uno viene. Eso existe, no lo niego. Sería deshonesto hacerlo. Pero otra cosa muy distinta es convertir esa realidad en un cheque en blanco para gobernar mal, para no rendir cuentas, para acusar a cualquiera que critique como “enemigo del pueblo”. Ahí es donde algo se tuerce.

Lo he visto repetirse en entrevistas, en arengas, en discursos improvisados desde balcones simbólicos. Cuando la gestión fracasa, cuando la corrupción aparece, cuando las promesas se caen una por una, la respuesta ya no es explicar, corregir o asumir errores. La respuesta casi automática es: “Nos atacan porque representamos a los de abajo”. Y así, en un solo movimiento retórico, se borra toda discusión técnica, toda exigencia ética, toda pregunta incómoda.

Hay algo profundamente humano en querer verse como víctima. Nos absuelve. Nos limpia. Nos libra del peso de la culpa. Pero cuando ese impulso se convierte en estrategia política sistemática, el efecto es devastador. Porque la política deja de ser un espacio de responsabilidad y se convierte en un escenario emocional, donde gana el que mejor dramatiza su propio sufrimiento.

Recuerdo una conversación, hace unos años, con un dirigente local en una provincia andina. Había asumido la alcaldía con un discurso encendido contra “los poderosos de siempre”. Al año y medio, las obras estaban paralizadas, las licitaciones observadas, los trabajadores impagos. Cuando le pregunté por eso, no habló de gestión ni de decisiones. Habló de racismo, de persecución, de un sistema que no quería dejarlo gobernar. Tal vez algo de eso era cierto, no lo descarto. Pero nada de eso explicaba por qué no había preparado equipos, por qué no había leído los informes técnicos, por qué no había sido capaz de articular un plan mínimo.

Esa es la trampa de la victimización como excusa: desplaza el foco. Ya no importa lo que hiciste o dejaste de hacer. Importa quién te “ataca”.

Con los años, este mecanismo se ha ido sofisticando. Ya no se trata solo de decir “me discriminan”. Se construye todo un relato donde el líder aparece como mártir, rodeado de conspiraciones, traiciones y enemigos abstractos. El Estado, la prensa, los empresarios, la justicia, el que señala errores: todos pasan a ser parte de una misma sombra opresora. Es un guion eficaz. Fácil de entender. Difícil de refutar cuando la emoción reemplaza al argumento.

La gente se acostumbra. Y entonces, cuando alguien realmente sufre una injusticia, ya no genera la misma reacción. Lo más grave es que este discurso termina empobreciendo incluso causas legítimas. La inflación del victimismo banaliza el dolor real. Cuando todo es opresión, nada lo es del todo. Cuando todo es persecución, la palabra pierde peso.

He escuchado a ciudadanos de barrios populares decir algo que antes era impensable: "Ya no les creo cuando hablan en nombre del pueblo". Lo dicen con desilusión, no con desprecio. Porque han visto demasiadas veces cómo la retórica encendida no se traduce en mejoras reales. Porque han comprobado que detrás del discurso épico también hay torpeza, desorden, improvisación, y a veces algo peor.

En el Perú, donde la memoria de las exclusiones es tan profunda, este fenómeno resulta especialmente peligroso. Porque toca fibras auténticas. Porque activa heridas no cerradas. Porque conecta con una historia larga de desprecios estructurales. Pero justamente por eso exige mayor responsabilidad. No se puede jugar a ser víctima permanente desde el poder. No se puede gobernar desde el agravio eterno.

Hay otro efecto más silencioso, pero igual de corrosivo. La victimización permanente erosiona la idea de responsabilidad individual y colectiva. Todo se explica por factores externos. Nada depende de decisiones propias. Así se educa a generaciones enteras en la lógica de que equivocarse no importa, siempre y cuando puedas culpar a alguien más poderoso. Es una pedagogía perversa.

He tenido dudas, claro. A veces me pregunto si esta crítica no es injusta con sectores que han sido históricamente postergados. Pero cada vez que vuelvo a los hechos concretos, a los hospitales abandonados, a las escuelas sin agua, a las carreteras prometidas que nunca llegan, a los presupuestos que se evaporan en trámites inútiles, vuelvo a la misma conclusión incómoda: el discurso del "nosotros contra ellos" no está resolviendo nada. En muchos casos, lo está empeorando.

Lo veo también en el debate público. Cuando alguien exige resultados, le dicen que es insensible. Cuando pide transparencia, es acusado de "alinearse con los enemigos". Cuando denuncia irregularidades, pasa a ser parte del problema. La crítica deja de ser un derecho democrático y se transforma en una traición moral.

Y sin crítica no hay democracia que aguante. El problema no es que existan víctimas. El problema es cuando la condición de víctima se convierte en identidad política permanente, en tabla de salvación discursiva. Cuando ya no se trata de superar la injusticia, sino de administrarla simbólicamente para mantenerse en el poder. Ahí el dolor deja de ser un llamado a la reparación y se vuelve moneda de cambio.

La cultura de la victimización como excusa política también rompe los puentes entre peruanos. Divide el país en bandos morales: los "buenos sufrientes" contra los "malos privilegiados". Y esa simplificación brutal hace imposible cualquier conversación sensata sobre políticas públicas, desarrollo, seguridad, educación. Todo se reduce a una lucha simbólica, donde los matices estorban.

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