"Los números no engañan: si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos", afirmó el ministro del Interior César Astudillo. Durante su reciente defensa pública de la continuidad de Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), el funcionario justificó la permanencia del actual mando señalando que los resultados obtenidos durante su gestión respaldan su permanencia en el cargo. Como argumento principal, aseguró que este año se registra una reducción significativa de homicidios respecto de 2025.
El análisis de estas cifras ha sido puesto en duda por Juan Carbajal, un experto que advierte sobre inconsistencias graves en los registros policiales de 2025. Según su revisión de la información de la División de Investigación de Delitos Contra la Persona (DIVCOP), el comportamiento es inusual en abril, mayo y junio del año pasado.
"El año pasado, a estas alturas, había 500 muertos más", sostuvo Astudillo para contextualizar su postura frente a las acusaciones de que los datos podrían inflar artificialmente la reducción de asesinatos reportada por el Gobierno de Keiko Fujimori.
Carbajal, sin embargo, cuestionó la solidez de esa comparación y alertó que las cifras oficiales presentan anomalías que podrían estar distorsionando la magnitud real. Una revisión detallada muestra picos repentinos: 338 homicidios en abril, otros 338 en mayo y 298 en junio de 2025.
Anomalías en la categoría "Otros objetos"
El analista sostiene que una de las principales inconsistencias aparece en la clasificación del objeto utilizado en los homicidios. Durante el primer semestre de 2025, la categoría "Otros objetos" acumuló 494 registros, cifras que contrastan fuertemente con los 125 reportados en el mismo periodo de 2024 y los 120 registrados hasta ahora en 2026.
Esta disparidad sugiere que la reducción oficial podría no reflejar la realidad del terreno, lo cual genera dudas sobre la efectividad real del gobierno actual frente a cifras históricamente altas. La defensa de Astudillo se basa en una comparación temporal específica, pero el contraste con los datos crudos expone grietas en la narrativa oficial.
A inicios de julio, el Ministerio del Interior presentó una cifra clave para respaldar su narrativa: entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 1.267 homicidios, frente a los 1.680 registrados durante el mismo periodo de 2025. Sobre esa base, el Gobierno señaló una reducción histórica del 24,6%. Sin embargo, esta observación adquiere relevancia crítica porque la comparación se sustenta en registros que un analista califica como sospechosos. La anomalía se concentra especialmente entre abril y junio de 2025, periodo en el que, según su revisión de la base policial, se acumularon 416 registros bajo la categoría «Otros objetos». Para Carbajal, este comportamiento resulta atípico frente a la tendencia histórica y debería ser auditado por la PNP antes de utilizar esos datos como referencia para medir la evolución de los homicidios.
El hallazgo más llamativo lo encontró el analista en la variable de edad: la base policial registra 133 homicidios de personas de 0 años entre abril y junio de 2025, con 49 casos en abril, 48 en mayo y 36 en junio. En los mismos periodos de 2024 y 2026, la categoría correspondiente a personas de 0 años presenta registros muy inferiores, de acuerdo con la revisión citada por Carbajal. Estos hallazgos no permiten determinar por sí solos que los casos sean inexistentes ni que exista una manipulación de las estadísticas. Sin embargo, sí plantean dudas sobre posibles errores de digitación, clasificación o depuración de la información policial.
Carbajal sostiene que, si se corrigen los registros anómalos detectados en la categoría «Otros objetos», el número de homicidios de 2025 podría ser sustancialmente menor. Una estimación realizada por el analista ubica el exceso en alrededor de 350 registros. Esto sugiere que la caída oficial del 24,6% podría ser artificialmente inflada si se incluyen estos datos aberrantes en el cálculo comparativo con el año anterior.
Las declaraciones del ministro Astudillo surgen en un contexto político sensible: se discute la continuidad de Óscar Arriola al frente de la PNP tras la orden gubernamental de evaluar a los altos mandos policiales. Ante esto, el titular defendió el trabajo de inteligencia y aseguró que Arriola y sus subordinados continuarán sirviendo siempre que cumplan con su misión encomendada.
Sin embargo, las cifras oficiales para respaldar esa gestión presentan serias inconsistencias. Bajo un escenario hipotético, el primer semestre de 2025 habría registrado aproximadamente 1.330 homicidios. La diferencia entre este número y los 1.267 casos de 2026 sería mucho menor que la reducción oficial del 24,6%. Es crucial precisar que se trata de una estimación analítica y no de una cifra oficial corregida. Para obtener el dato real de 2025, la PNP debería auditar los registros cuestionados y publicar cualquier depuración resultante.
Además, el nuevo reporte de julio de la DIVCOP actualizado hasta entonces mantiene los picos de abril, mayo y junio. Según esta información, el acumulado de homicidios de 2025 asciende a 1.918 casos. El problema radica en que esos registros cuestionados siguen siendo parte de la referencia para medir la caída delictiva.
Finalmente, existe una dificultad técnica para verificar esto independientemente. El portal de DIVCOP no permite descargar la base de datos con el desglose por objeto empleado, mientras que el sistema del Mininter solo está actualizado hasta el 30 de junio de 2026. Esto impide contrastar los datos con precisión.
"Vamos a actuar mejor, con mejor tecnología. Esto no es perfecto. Vamos a salir a reevaluar los planes con todos los generales. Hay tecnología viniendo, apoyo de la DINI y de las Fuerzas Armadas", afirmó el ministro.
Sin embargo, el contexto de violencia continúa siendo motivo de preocupación. Las declaraciones se produjeron luego de que los registros del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) reportaran más de 80 homicidios durante los primeros 15 días del nuevo Gobierno de Keiko Fujimori.
Ante este escenario, la discusión sobre la reducción de homicidios no solo depende del número final que presenta el Ejecutivo, sino también de la calidad y trazabilidad de las bases utilizadas para construir esas comparaciones. Por ello, el principal cuestionamiento de Carbajal apunta a una respuesta pendiente de la PNP y el Mininter: si los registros de abril, mayo y junio de 2025 presentan inconsistencias, ¿se ha auditado la base y se ha recalculado la reducción de homicidios atribuida a 2026?
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