El diputado Aldo Bravo, representante de Renovación Popular, impulsa un proyecto que busca restringir la libertad de expresión. La iniciativa introduce un nuevo delito penal: "apología al delito agravado". Bajo esta figura, quienes promuevan o justifiquen el uso de explosivos o sustancias peligrosas mediante medios de comunicación o redes sociales enfrentarían una pena de entre cuatro y seis años de prisión. Aunque la propuesta menciona que no pretende criminalizar opiniones políticas legítimas ni críticas, deja una gran ambigüedad en su redacción. No define con precisión qué conductas específicas serían consideradas como promoción o justificación de actos ilícitos. Esta falta de delimitación genera un vacío legal que podría ser llenado a criterio de las autoridades judiciales. Al no especificar los parámetros claros para determinar la existencia de un riesgo concreto, el texto deja abierta la puerta a interpretaciones subjetivas. Expertos y defensores de la prensa advierten que esta vaguedad es peligrosa. El miedo a ser procesados por ejercer su función podría llevar a que los periodistas autocensuren sus reportajes o eviten cubrir temas delicados. El objetivo real parece ser el silenciamiento del trabajo periodístico crítico, especialmente cuando este cuestiona acciones de poder. La iniciativa propone penas severas para quienes utilicen plataformas digitales u otros espacios para alentar la violencia. Sin embargo, al no establecer límites claros sobre qué constituye una opinión válida frente a un delito grave, se corre el riesgo de penalizar labores esenciales para la democracia y la seguridad ciudadana.

La propuesta legislativa busca intervenir antes de que se concrete un acto violento, según su exposición de motivos. Con las firmas de los miembros de la bancada del partido celeste en la Cámara Baja, el texto modifica el artículo 46 del Código Penal para considerar como circunstancia agravante ciertas conductas realizadas a través de medios de comunicación, plataformas digitales o actos de difusión.

Los canales de comunicación asumen mayores sanciones bajo esta nueva lógica. El agravante aplica si la declaración proviene de líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido e influencers con capacidad de convocatoria pública. También incluye a funcionarios públicos, servidores estatales y dirigentes políticos, sociales o gremiales.

Debido a esta falta de delimitación, acciones como la transcripción de declaraciones de personajes involucrados en una protesta social o política podrían ser consideradas como “difusión” de los usos ilegales que la ley busca perseguir. Así se penalizaría el trabajo periodístico bajo la modalidad de "apología".

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