Aldo Bravo, diputado por Renovación Popular, aclaró que su iniciativa busca "sancionar las conductas comunicativas" que incrementan el riesgo de violencia durante crisis políticas. Sin embargo, el legislador enfatizó que no pretende "frenar ni cortar" la libertad de expresión.
La propuesta legislativa, presentada ayer lunes por la bancada de Renovación Popular y con autoría del propio Bravo, modifica el Código Penal para tipificar como delito agravado a quienes, mediante cualquier medio o plataforma digital, "promueva, solicite, señale, aliente, justifique o legitime" actos violentos. Esto aplica específicamente cuando se fomenta el uso de artefactos explosivos, sustancias peligrosas u otros medios idóneos que afecten la vida, integridad física y patrimonio durante tiempos de conflicto social.
La sanción contempla una "pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años". La ley abarca a cualquier persona con capacidad de convocatoria pública, incluyendo líderes políticos, gremiales o sociales, funcionarios públicos, servidores del Estado, comunicadores, creadores de contenido digital, influencers y líderes de opinión.
Un matiz crucial es que para los servidores públicos se impondría además la pena de inhabilitación. Además, el texto legal precisa que "ninguna persona tiene derecho a instigar, a legitimar, a impulsar la comisión de delitos".
El objetivo central de la exposición de motivos es castigar conductas comunicativas que aún no ejecutan materialmente un delito, pero que sí aumentan el riesgo de violencia. Según Bravo, esta medida alcanza también a periodistas porque "ninguna persona tiene derecho a instigar, a legitimar, a impulsar la comisión de delitos".
No obstante, el diputado aclaró que su intención no es restringir la libertad de expresión, sino regular específicamente actos que incitan al delito en contextos críticos.
"[La] propuesta legislativa procura la protección de la vida, de la integridad física, de la seguridad ciudadana, del patrimonio público y privado, y para evitar que estas formas de comunicación sirvan de enrutamiento a la posibilidad de escenarios de violencia", señala. "Sobre ello, en concreto, se propone la modificación del artículo 46 del Código Penal (circunstancias agravantes) e incorpora el artículo 316-B del mismo cuerpo legal, que prevén modalidades agravadas a partir del momento en que la instigación o la apología se realicen mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones, otras actividades de difusión, etc", añade.
Además, resalta que las "personas con capacidad de convocar al público" estarían "en condiciones de consolidar, por su propia posición, el alcance y el efecto del mensaje" punible. Aldo Bravo indica que la propuesta alcanza a periodistas, aunque aclara que ningún comunicador será objeto de persecución. El parlamentario pidió "no ponerse nervioso[s]" pues, según dijo, no se busca "frenar ni cortar el derecho a la libertad de expresión".
RPP conversó con el diputado Aldo Bravo respecto a los alcances y motivaciones de su proyecto de ley. Al respecto, el legislador enfatizó que No hay que ponerse nervioso por un proyecto de ley que, repito con insistencia, no busca frenar ni cortar el derecho a la libertad de expresión ni el debate democrático. Lo único que busca es establecer reglas claras.
"Ninguna persona tiene el derecho a incitar a la violencia, ni siquiera a intentar legitimar la comisión de delitos", señaló. Además, si bien Bravo Quispe indicó que "ningún periodista terminará penalizado", reconoció que la sanción propuesta alcanzaría a periodistas. El proyecto de ley no tiene el espíritu de penalizar a ningún periodista ni a ningún comunicador.
"El proyecto de ley lo que dice es que ninguna persona, sea un funcionario público, sea un líder gremial, sea un líder de partido político, sea un comunicador o cualquier otra persona, incluyendo, por supuesto, también un periodista, ninguna persona tiene derecho a instigar, a legitimar, a impulsar la comisión de delitos", sostuvo. La intención es regular el uso de los medios y las redes sociales para evitar que se conviertan en herramientas de desestabilización social.
"El proyecto de ley no tiene el espíritu de penalizar a ningún periodista ni a ningún comunicador. El proyecto de ley lo que dice es que ninguna persona, sea un funcionario público, sea un líder gremial, sea un líder de partido político, sea un comunicador o cualquier otra persona, incluyendo, por supuesto, también un periodista, ninguna persona tiene derecho a instigar, a legitimar, a impulsar la comisión de delitos", sostuvo. La intención es regular el uso de los medios y las redes sociales para evitar que se conviertan en herramientas de desestabilización social.
Aldo Bravo, diputado de Renovación Popular, precisó que su iniciativa legislativa no intenta restringir el debate público ni coartar la libertad de expresión; por el contrario, busca todo lo opuesto. "El Perú necesita terminar con la violencia", afirmó. Para fundamentar su postura, el legislador ofreció ejemplos claros sobre dónde termina el derecho: es legítimo manifestarse abiertamente en favor de una causa o convocar a huelgas y protestas pacíficas. Sin embargo, nadie tiene facultad para incitar al desorden público. "Nadie tiene derecho a decir 'las calles de Lima van a arder', 'voy a hacer que ardan las calles de Lima'". Tampoco es un derecho amenazar con la destrucción institucional, por lo cual "nadie tiene derecho a decir 'vamos a incendiar el Congreso de la República'". Según el parlamentario, estas frases no constituyen ningún derecho de nadie. En este sentido, Bravo aclaró que su proyecto penaliza la apología al delito en contextos de crisis política y conflicto social, pero deja intacto el ejercicio responsable del periodismo.
🚨 ¡Dato mata relato!
— Aldo Bravo (@abravoq) August 18, 2026
La propuesta de ley de mi autoría no busca callar a la prensa ni limitar la libertad de expresión, pues el periodismo responsable se autorregula y ejerce su labor con libertad, pero esa libertad no puede volverse en patente para hacer apología al delito.… pic.twitter.com/DRQVQ1VtTp
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