Con esta nueva acción legal, Fernando Rospigliosi elevó a cuatro el total de magistrados denunciados por el senador fujimorista durante su gestión. El objetivo es la Junta Nacional de Justicia (JNJ), donde se reclama contra José Leonel Matos Centeno. Este último, miembro del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja - Pampas en Junín, emitió la orden cautelar tras un operativo que dejó cinco fallecidos y ocho militares investigados por homicidio calificado.
El incidente se registró el 25 de abril de este año en Colcabamba, Huancavelica. Inicialmente, Matos dispuso un año de prisión preventiva para los efectivos. Sin embargo, la medida fue revocada el pasado 7 de agosto por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín, que dejó sin efecto la restricción.
En su oficio dirigido a María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, Rospigliosi pide admitir la denuncia argumentando una "vulneración grave de los deberes funcionales". Según el senador, el magistrado habría emitido una decisión privativa de libertad con graves defectos de motivación. Además, se señala la presunta incorporación de fundamentos que no hubieran participado del debate oral. Con esto, Rospigliosi busca responsabilizar judicialmente al juez por anular una medida cautelar posteriormente.
Esta denuncia forma parte de un patrón de acciones legales impulsadas por el legislador. Hasta ahora, ha presentado cuatro recursos contra jueces en su periodo como senador. El caso Colcabamba vuelve a poner en jaque la figura de los magistrados ante las acusaciones de vulnerar garantías procesales y emitir sentencias con motivación insuficiente.
La situación refleja un conflicto creciente entre el poder político y la administración de justicia, donde se cuestionan decisiones judiciales que afectan directamente a fuerzas armadas. La respuesta de la JNJ será determinante para conocer si prosperará esta nueva demanda o será desestimada por falta de pruebas concretas sobre los alegados vicios procesales.
En su petitorio, el legislario exige a la Junta Nacional de Justicia que admita la denuncia contra José Leonel Matos Centeno e inicie un procedimiento disciplinario si existe mérito suficiente. Asimismo, solicitó imponer sanciones conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la JNJ, incluyendo la destitución "si se configuran los supuestos legales para ello". Para Rospigliosi, el caso del juez Matos es flagrante: catalogó al magistrado como "politizado y prevaricador" porque una corte superior dejó en libertad a los investigados. Bajo esta premisa, exigió que la JNJ actúe de inmediato ante un hecho que amerita "soluciones radicales".
Cuestionamientos y antecedentes de denuncias a magistrados
No obstante, esta acción contra Matos no es aislada; sumó cuatro magistrados denunciados ante la Junta. El último martes 11 de agosto, el parlamentario anunció nuevas denuncias contra los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Estos funcionarios integran la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Para estos tres jueces solicitó su destitución por no aplicar en sus fallos la Ley 32107, que precisa los alcances del delito de lesa humanidad, y la Ley 32419 sobre amnistía a policías y militares. En este contexto, el legislador se pronunció también a través de redes sociales con un tono contundente. Señaló que espera que "la JNJ cumpla con su deber y sancione ejemplarmente a estos magistrados defensores de terroristas y enemigos de la PNP y FFAA". Con esta postura, Rospigliosi ha consolidado una línea de acción crítica contra el poder judicial, argumentando que las omisiones procesales equivalen a prevaricato.
Así, la denuncia contra Matos se enmarca en un patrón de exigencia de responsabilidades. El parlamentario sostiene que la libertad concedida a los investigados por parte de una corte superior es prueba suficiente del error grave cometido por el juez. Por ello, insiste en que la JNJ no puede permanecer pasiva ante situaciones que comprometen la justicia y la seguridad nacional.
Pronunciamiento de las Cortes Superiores de Justicia
El pasado 11 de agosto, tras denuncias y persecución hacia jueces y fiscales, presidentas y presidentes de las Cortes Superiores emitieron un pronunciamiento. En el documento, autoridades judiciales manifestaron que la independencia judicial es una garantía constitucional que prohíbe interferencias políticas en juzgar.
Asimismo, reiteraron que ningún magistrado puede ser sancionado o perseguido "en razón del sentido de sus resoluciones o sus interpretaciones del ordenamiento legal". Añadieron que "toda discrepancia con una decisión judicial debe encauzarse de forma exclusiva e idónea mediante el sistema de recursos procesales e impugnaciones previstos por ley", descartando cualquier acción externa.
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