Este viernes, el juez de Investigación Preparatoria de Pampas (Junín), José Matos Centeno, escuchará los argumentos del fiscal Jhoel Chamorro Makukachi para decidir si dicta 18 meses de prisión preventiva contra ocho efectivos del Ejército acusados de asesinar a cinco jóvenes en Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica), el 25 de abril.
Los militares pertenecen a la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31. El fiscal los imputa por el presunto delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Según la investigación, los soldados dispararon a corta distancia con armas largas contra los ocupantes de una camioneta, sin darles oportunidad de reaccionar, bajo la falsa creencia de que transportaban 500 kilos de droga. Para la Fiscalía, la cantidad de disparos evidencia que no hubo intención de detener a nadie, sino de matar.
Los acusados son el jefe de la patrulla, capitán Luis Montenegro Pardo; el teniente Brayan Fernández Dett; y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano. La audiencia de este viernes será clave para determinar si enfrentarán el proceso en la cárcel o con medidas menos severas, mientras las pesquisas avanzan.
Con todas las armas
El fiscal Jhoel Chamorro sostiene en su acusación que los militares hicieron un uso excesivo de la fuerza y no cumplieron con los protocolos para evitar daños irreversibles. Según el documento, los involucrados dispararon sus fusiles de asalto Scar-L contra personas que no portaban armamento. Las necropsias revelan que las víctimas recibieron disparos mortales en la cabeza y el tórax, un patrón que, para la Fiscalía, indicaría la intención de matar a todos los ocupantes de la camioneta. Los fallecidos son el chofer colombiano Nilson Montenegro Valencia (25) y los peruanos Jaime Bendezú Paraguay (28), William Núñez Soto (19), Wilder Romero Sevipaucar (32) y Cristian Vilcatoma Águila (18).
Los militares justifican su accionar argumentando que el vehículo transportaba droga, pero esa afirmación aún no ha sido probada. En la audiencia de este miércoles, el fiscal deberá fundamentar la gravedad del presunto delito y el peligro procesal, ya sea de fuga o de obstaculización de la investigación. Los ocho efectivos están obligados a asistir a la diligencia junto con su defensa técnica. También se ha previsto la participación de los agraviados y sobrevivientes del hecho.
Disparos a matar
La resolución del juez será determinante: definirá si los militares afrontan el proceso en prisión preventiva por 18 meses o bajo medidas menos gravosas, mientras continúan las diligencias fiscales. El caso se originó tras un operativo antidroga en el Vraem, donde los efectivos dispararon 60 veces contra una camioneta 4x4, dejando cinco civiles muertos.
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