El 6 de julio, hombres armados invadieron el Territorio Indígena Kampa do Rio Amônia, un espacio compartido entre Acre, Brasil, y Ucayali, Perú. Este hecho no es aislado; según las organizaciones indígenas, forma parte de una dinámica mayor que amenaza la biodiversidad de la Amazonía occidental. La delegación liderada por cuatro representantes asháninka alertó en territorio brasileño sobre este incremento de violencia y expansión del crimen organizado. Tras reunirse con autoridades de la Presidencia y ministerios locales, los dirigentes solicitaron medidas urgentes para proteger sus territorios.
Francisco Piyãko, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá (OPIRJ), explicó que el problema trasciende un conflicto local. Para los líderes, refleja la expansión de redes criminales transnacionales hacia zonas nativas. El narcotráfico, la tala ilegal, la minería clandestina y el tráfico de tierras avanzan de manera articulada, utilizando la frontera como corredor para traslados ilícitos. Piyãko enfatizó que una respuesta exclusivamente policial no permitirá enfrentar una dinámica que también involucra la ocupación ilegal.
Por ello, las comunidades exigieron una estrategia binacional contra estas actividades. La defensa de la Amazonía peruana ahora cuenta con un nuevo aliado en la tecnología: la Central Asháninka del Río Ene (CARE) lanzó VISOR CARE. Esta plataforma geoespacial integra información satelital y datos comunitarios para fortalecer la vigilancia territorial en la cuenca del río Ene, herramienta clave frente a los desafíos que cruzan las fronteras nacionales.
Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), denunció que el avance del crimen organizado en la frontera vulnera la seguridad y los derechos de los pueblos indígenas. Según su advertencia, algunos presuntos responsables del ataque cruzaron hacia el lado peruano y permanecen prófugos. En contraste con esta situación crítica, las organizaciones indígenas cuestionan la ausencia de una respuesta equivalente por parte del Estado peruano frente a las acciones que Brasil ya desarrolla en la zona fronteriza.
En Brasil se ha movilizó al Ejército, la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública de Acre y el Grupo Especial de Operaciones Fronterizas (Gefron) para ejecutar la denominada "Operación Ashaninka". Ante este escenario desequilibrado, los líderes solicitan establecer un diálogo binacional que permita proteger sus territorios. Además, buscan garantizar la seguridad de las comunidades y enfrentar de manera conjunta las redes criminales que operan en la frontera. López planteó que la Comisión Transfronteriza Juruá-Yurúa-Alto Tamaya puede servir como espacio para fortalecer la coordinación entre ambos países.
Los dirigentes también relacionan el incremento de la violencia con la expansión desordenada de carreteras, ramales y trochas madereras en la Amazonía. Entre los casos señalados figura la carretera UC-105, que conecta Nueva Italia con Puerto Breu, en Ucayali. Según las organizaciones, la construcción de esta vía avanza sin consulta a las comunidades afectadas y sin cumplir diversos requisitos establecidos por la legislación peruana.
Estudios y mapas del Proyecto ABSAT, junto a ORAU y AFRONTA, revelaron que esta ruta alberga tala ilegal, pistas clandestinas, cultivos de coca y grupos armados. La vía cruza 241 cursos de agua que alimentan las cabeceras de afluentes del río Juruá, situación que suscita alarma por los impactos ambientales. Las organizaciones advierten que el crecimiento de estas vías facilita la conexión entre narcotráfico, tala ilegal, tráfico de tierras, extracción de oro y lavado de activos. Asimismo, alertaron sobre la expansión de las llamadas «carreteras virus», rutas no autorizadas que penetran el bosque, fragmentan los ecosistemas y acercan las actividades ilegales a territorios indígenas y áreas de conservación.
Durante un foro internacional en Lima, la Comisión Transfronteriza Juruá-Yurúa-Alto Tamaya también alertó sobre la creciente conexión entre narcotráfico y delitos ambientales. Señaló que estas actividades representan una amenaza directa para los pueblos indígenas y sus líderes, además de generar presión sobre uno de los principales corredores socioambientales de la Amazonía occidental. Ante este escenario, los líderes asháninka demandan que Perú y Brasil adopten una estrategia conjunta que combine seguridad, protección territorial, fiscalización y gobernanza ambiental. Según las organizaciones, solo una respuesta coordinada permitirá contener la expansión de las redes criminales transfronterizas e igualmente protegerá la integridad de los pueblos indígenas y los ecosistemas amazónicos.
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