La invasión armada del 6 de julio al territorio indígena Kampa do Rio Amônia, en la frontera entre Acre y Ucayali, encendió las alarmas de los dirigentes asháninka de Perú y Brasil, quienes exigen una respuesta coordinada binacional ante el avance del crimen organizado transnacional.
La expansión del crimen organizado —narcotráfico, minería ilegal, tráfico de tierras, tala ilegal y otros delitos ambientales— convirtió la región amazónica compartida entre Ucayali y Acre en un corredor estratégico, aprovechando la escasa presencia estatal. Ante ello, los líderes indígenas de ambos países enfrentan una grave escalada de violencia y advierten que se necesita una estrategia conjunta para una zona donde las carreteras ilegales, el narcotráfico y la violencia se han entrelazado.
El ataque del 6 de julio no es un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de esa expansión hacia una de las regiones mejor conservadas y de mayor riqueza ecológica y cultural de la Amazonía. Un mes antes, dirigentes de Perú ya habían sido amenazados. Tres semanas después de la invasión, una delegación de cuatro líderes asháninka se reunió en Brasil con la Presidencia de la República y ministerios de dicho país para alertar sobre el aumento de la violencia en la zona.
Los dirigentes exigen medidas urgentes de protección territorial y solicitan una estrategia de cooperación binacional para combatir a los grupos criminales que usan la frontera compartida como corredor para el traslado de productos derivados de actividades ilícitas. Consideran que una respuesta policial por sí sola es insuficiente para enfrentar una dinámica que conecta el narcotráfico, la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de tierras y otros delitos ambientales, todos impulsados por la apertura desordenada de carreteras en la zona.
“No estamos frente a un conflicto local. Estamos frente a la expansión de redes criminales transnacionales hacia territorios indígenas que actualmente representan una de las últimas barreras frente a la ocupación ilegal de esta región de la Amazonía”, señala Francisco Piyãko, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá (OPIRJ), organización integrante de la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya.
La denuncia de los asháninka no se limita a la violencia reciente, sino que apunta al proceso que la hizo previsible: una transformación más amplia de la frontera amazónica impulsada por la apertura desordenada de carreteras, ramales y trochas madereras. Un ejemplo central es la carretera UC-105, en el departamento de Ucayali, cuya construcción ha avanzado sin consulta a las comunidades afectadas, sin estudios de factibilidad y sin las autorizaciones que exige la legislación peruana, en contravención del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de otros instrumentos internacionales de protección de los pueblos indígenas.
Mientras tanto, del lado brasileño los líderes buscan ampliar y consolidar las medidas de seguridad ya en marcha, en particular las que dieron lugar a la Operación Ashaninka, que movilizó al Comando de Frontera Juruá/61.º Batallón de Infantería de Selva (61.º BIS) del Ejército brasileño y a la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública del estado de Acre (Sejusp), con participación del Grupo Especial de Operaciones Fronterizas (Gefron). Desde el Estado peruano, en cambio, no se ha evidenciado respuesta alguna para atender la situación crítica de criminalidad en la zona de frontera.
Para las organizaciones indígenas resulta preocupante ver respuestas diferenciadas para un solo problema: el avance del crimen transnacional. Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), integrante de la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya, manifiesta que el crimen organizado está escalando y ahora ha escalado a otros territorios, afectando el bienestar común de los pueblos y vulnerando nuestras vidas; la falta de intervención es una muestra de que el Estado del Perú no llega a los territorios ni vela por nuestros derechos. Se tiene conocimiento de que los criminales identificados lograron cruzar al lado peruano, donde hasta ahora se mantienen prófugos.
Frente a esta situación, López propone tomar como ejemplo la articulación de la Comisión Transfronteriza Yuría-Juruá-Alto Tamaya para la defensa de la vida, y hace un llamado al Estado peruano para establecer diálogos con el objetivo de enfrentar el crimen organizado de manera conjunta, buscar intereses en común y garantizar la seguridad territorial y la vida de los pueblos indígenas, que también son ciudadanos peruanos.
La convergencia entre el narcotráfico y los delitos ambientales ha convertido al crimen ambiental en el tercer mercado ilícito más lucrativo del planeta, según diversos estudios que advierten de su operación cada vez más integrada con el tráfico de drogas. En ese escenario, la red vial UC-105, en construcción entre Nueva Italia y Puerto Breu, se ha vuelto un foco de conflicto en ambos lados de la frontera, pese a que no existe una conexión viable con la red vial brasileña. La carretera, que además ingresa en territorios indígenas y reservas extractivas del lado brasileño, atraviesa 241 cursos de agua que alimentan las cabeceras de los afluentes del río Juruá.
Estudios técnicos y mapas elaborados por el Proyecto ABSAT de la Universidad de Richmond, ORAU y AFRONTA, entre otros, han identificado a lo largo de la ruta tala ilegal, pistas de aterrizaje clandestinas, cultivos de coca y una mayor actividad de grupos armados, lo que indica que la vía se ha convertido en un corredor para diversas economías ilícitas. Esas redes ya no son un problema exclusivamente peruano: utilizan rutas terrestres, fluviales y aéreas que cruzan la frontera y afectan directamente territorios en Brasil, aumentando la inseguridad en toda la región de Yurúa-Alto Juruá y Alto Tamaya.
En el departamento peruano de Ucayali, el área destinada al cultivo de coca se ha triplicado durante los últimos cinco años, creciendo al doble de la tasa nacional. La región alberga actualmente la red más extensa de carreteras ilegales de la Amazonía peruana, fortaleciendo redes criminales que aprovechan esa infraestructura para conectar narcotráfico, tala ilegal, especulación de tierras, extracción de oro y lavado de activos. Esta expansión coincide con investigaciones que demuestran la rápida proliferación de las llamadas carreteras virus: rutas no autorizadas que penetran progresivamente en el bosque, fragmentan el paisaje, aceleran la deforestación y acercan las actividades ilegales a tierras indígenas y áreas de conservación.
Frente a ello, las organizaciones indígenas sostienen que la lucha contra el crimen organizado no puede abordarse únicamente como un asunto de seguridad pública, sino que también debe incluir la protección territorial, la gobernanza ambiental y la cooperación internacional. En una carta entregada recientemente a las Naciones Unidas durante el Foro Internacional “Economías ilegales, crimen organizado y poder en América Latina”, realizado en Lima, la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya señaló que “el crimen organizado no es un concepto académico”, sino una realidad que llega armada a los territorios indígenas, amenaza a sus líderes e intenta imponer el miedo como herramienta de control territorial.
La participación de la Asociación Asháninka del Río Amônia (APIWTXA) en el encuentro debió suspenderse por una invasión a su comunidad, lo que obligó a los líderes a regresar para proteger a sus familias. Para la Comisión Transfronteriza, el problema trasciende la seguridad de una sola comunidad: lo que está en juego es el futuro de uno de los corredores socioambientales más importantes de la Amazonía occidental.
Ese corredor abarca aproximadamente 3,5 millones de hectáreas de bosque, 35 territorios indígenas reconocidos y es hogar de 14 pueblos indígenas. Del lado brasileño alberga tres de las áreas protegidas más relevantes de la Amazonía: la Reserva Extractiva Alto Juruá —la primera creada en Brasil—, el Parque Nacional Serra do Divisor y la Reserva Extractiva Riozinho da Liberdade. En territorio peruano incluye los parques nacionales Alto Purús y Sierra del Divisor, además de la Reserva Indígena Murunahua para Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial.
En última instancia, la cuestión depende de la capacidad de los Estados brasileño y peruano para impedir que el narcotráfico y los delitos ambientales consoliden redes criminales transnacionales capaces de amenazar la integridad socioambiental, la diversidad cultural y la estabilidad climática de la región. Ante un problema que trasciende las fronteras dentro de la mayor selva tropical del planeta, los líderes indígenas reclaman una acción coordinada entre Brasil y Perú, con medidas integradas de protección territorial, fiscalización y seguridad, capaces de hacer frente a una red criminal organizada de carácter transfronterizo.
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