Un informe del programa Cuarto Poder ha revelado que la diputada Catherin Palomino gestiona un taller textil informal a puerta cerrada en el barrio San Cristóbal de Huancavelica. El inmueble, situado en el Jirón 5 de agosto 312, carece de licencia de funcionamiento municipal y de las inspecciones de seguridad correspondientes, operando al margen de la normativa vigente.
El funcionario Macario de la Cruz, de la Subgerencia de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, confirmó que no existe registro alguno emitido a nombre de Catherin Palomino Casavilca. Tras verificar el sistema municipal desde el año 2000 hasta marzo de 2026, se determinó que esa dirección tampoco posee autorizaciones vinculadas a la actividad textil o de confecciones.
La legisladora de Juntos por el Perú utilizó su propio domicilio para promocionar su trayectoria profesional y política durante la campaña electoral. El pasado 10 de febrero de 2026, mediante un video en sus canales oficiales, Palomino presentó este espacio como su emprendimiento personal. En dicha publicación mostró prendas del partido elaboradas allí, confirmando que el material de trabajo se confecciona dentro de esa misma infraestructura sin autorización oficial.
Así, la actividad comercial dedicada a la elaboración de prendas de vestir funciona sin licencia otorgada por la Municipalidad Provincial, lo que deja a la legisladora expuesta a posibles sanciones administrativas. La falta de inspección permite que el negocio continúe operando en condiciones no verificadas, una situación que contrasta con las obligaciones legales que todo emprendedor debe cumplir ante los organismos de control locales.
La investigación periodística pone de manifiesto cómo un cargo público puede coexistir con un negocio familiar que evade los trámites básicos de formalización empresarial. Este hallazgo abre interrogantes sobre la transparencia en el uso del patrimonio y la propiedad privada de los representantes electos cuando estos desarrollan actividades económicas paralelas a sus funciones legislativas sin los debidos permisos municipales.
El taller textil que funciona en la residencia de Dionicia Fernández, abuela de la diputada, opera a puerta cerrada desde hace un año. Según un trabajador del local, la producción se realiza en serie sobre mesas con maquinaria de costura e insumos para confeccionar casacas al por mayor. Se alcanzan lotes de hasta 50 unidades en una sola semana, bajo el esquema de recibir el 50 % de adelanto antes de iniciar.
Dionicia Fernández, propietaria del inmueble, cuestionó la necesidad de tramitar autorización municipal, argumentando que el negocio no atiende directamente a la calle. Sin embargo, las autoridades municipales alertaron que operar sin licencia conlleva sanciones económicas o clausura inmediata.
La actividad comercial de este taller textil no figura registrada bajo la titularidad de ninguna empresa a nombre de la legisladora en los registros públicos. No obstante, familiares directos como su madre, Norma Casavilca, y su abuela tienen antecedentes de venta de prendas de vestir a instituciones públicas en la región Huancavelica durante años anteriores.
¿Qué implicancias legales registra esta actividad?
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló que el funcionamiento del taller contraviene las normas de seguridad y salud en el trabajo. Indicó que el uso de maquinaria pesada y herramientas de corte sin protocolos validados incrementa el riesgo de incendios o siniestros, existiendo indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie una investigación formal.
El especialista destacó que la falta de medidas preventivas expone a los ocupantes a peligros innecesarios en un espacio residencial. La combinación de producción industrial masiva con la ausencia de licencias y protocolos de seguridad configura una vulnerabilidad estructural ante posibles emergencias.
A pesar de las denegaciones sobre la atención al público, la naturaleza de las ventas a instituciones públicas sugiere que el negocio tiene clientes externos. Esta discreción operativa no exime de los requisitos legales exigidos para cualquier establecimiento comercial que utilice maquinaria industrial dentro del predio familiar.
Durante el desarrollo de la investigación periodística, se solicitaron los descargos directos a Catherin Palomino y a la agrupación política Juntos por el Perú, sin obtener respuesta alguna. En paralelo, la legisladora registra un total de 61 visitas al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, además de cuestionamientos por mensajes enviados a su familia. Las normas municipales del distrito de Huancavelica imponen que toda unidad productiva cuente con certificado de inspección técnica antes de iniciar operaciones. El incumplimiento de estas disposiciones impide verificar si el espacio físico habitado por la parlamentaria cuenta con extintores, señalización de evacuación o conexiones eléctricas aptas para soportar cargas industriales. Macario de la Cruz ratificó que la Subgerencia de Comercialización mantiene la facultad de intervenir cualquier recinto que desarrolle actividades económicas al margen del sistema tributario e inspección municipal. Las leyes de fiscalización establecen que la falta de carteles visibles o de licencias otorga a los fiscalizadores la potestad de clausurar preventivamente la locación. La legislación parlamentaria establece que los congresistas y diputados están sujetos a las leyes nacionales y ordenanzas locales sin excepción alguna. El caso documentado en la vivienda del Jirón 5 de agosto permanece expuesto a las medidas correctivas administrativas que dispongan las autoridades de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
La falta de respuesta ante las solicitudes formuladas y la ausencia de licencias visibles deja al descubierto un escenario donde la actividad económica se desarrolla sin el debido control técnico. Aunque los diputados deben cumplir con la normativa local, la situación actual en Huancavelica pone a prueba si estas reglas son aplicables incluso cuando hay figuras políticas involucradas directamente. La capacidad de intervención municipal sigue vigente frente a cualquier omisión en la documentación requerida para operar legalmente.
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