La situación del saneamiento básico en el país es alarmante: más de 5 millones de peruanos carecen de acceso a la red pública de agua, ya sea mediante tubería con caño o pilón. Esta cifra, analizada por el Instituto Peruano de Economía (IPE) a partir de los Censos de Población y Vivienda del INEI, revela una realidad más cruda que la previamente conocida. Luz Alarcón, quien relata estos datos, señala que tener una conexión formal sigue siendo un privilegio para gran parte de la población nacional.
El análisis arroja que la cobertura nacional se ha reducido al 83%, lo cual sitúa al país muy por debajo de la meta del 97% establecida en la Política Nacional de Saneamiento. Este objetivo, planteado originalmente para 2021 y posteriormente aplazado hasta el año 2026, sigue siendo inalcanzable; hoy se encuentra con un déficit de 14 puntos porcentuales respecto a lo esperado.
Stephanie Maita, economista del IPE, explica que la paradoja radica en que entre 2017 y 2025 sí aumentó el número total de personas con acceso al servicio. Sin embargo, las nuevas conexiones no lograron cubrir el ritmo de crecimiento poblacional. «Hubo un incremento importante del número de conexiones, pero fue insuficiente para atender las necesidades de una población que crece», afirmó la especialista. A esto se suma que las viviendas han venido creciendo de forma desordenada y marcadas por la vivienda informal, quienes son los que finalmente tienen mayores dificultades para acceder a servicios básicos como el agua.
La distribución del problema es dispar en todo el territorio nacional. El estudio revela que 14 de las 26 regiones retrocedieron en cobertura. Mientras Lima Metropolitana, Callao, Apurímac y Moquegua superan el 90% de alcance, existen contrastes agudos en otras zonas. Por ejemplo, en Loreto menos de la mitad de la población tiene acceso; en Puno y Ucayali, el servicio lo tienen solo seis de cada 10 personas.
Lamentablemente, varias de las regiones que más han retrocedido son también aquellas con menor cobertura inicial, y la gran mayoría de estas continúan siendo de la selva. Hace casi 10 años, estas zonas presentaban los mayores rezagos, y al año 2025 siguen siendo las mismas. El caso más crítico es Loreto, donde menos de la mitad cuenta con servicio de agua por red pública, además de que los indicadores de continuidad en horas o de calidad son mucho peores. «El caso más crítico es Loreto... y los indicadores de continuidad en horas o de calidad son mucho peores», detalló Maita al describir el escenario actual del saneamiento en la Amazonía peruana.
Más de cinco millones de peruanos carecen de acceso al agua a través de una red pública, un déficit que ha provocado el retroceso de la cobertura en catorce regiones del país. Este escenario presenta contrastes marcados entre entornos urbanos y rurales: mientras que en las ciudades la población sin servicio reside más de la mitad de los casos, pese a contar con una cobertura general del 89%, la situación en el campo es aún más compleja, donde solo el 61% de los habitantes dispone del servicio. El mapa de esta desigualdad se visualiza claramente al comparar las zonas urbanas con las rurales.
La falta de conexión no es el único obstáculo, pues tener una red tampoco asegura el abastecimiento diario ni la seguridad sanitaria. En cinco regiones específicas aumentó la población que recibe menos de doce horas de agua al día; este indicador se agravó notablemente en Tumbes, Junín y Lambayeque. El panorama empeora aún más cuando se considera la calidad del líquido: solo el 42% de la población accede a agua segura, cifra que baja drásticamente hasta apenas una persona entre cinco en trece regiones.
La crisis también tiene un fuerte componente económico. Como señaló Hania Pérez de Cuéllar, exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quienes no tienen acceso a la red deben pagar hasta siete veces más por cada litro que los usuarios conectados. La especialista detalló esta realidad: «Cuando hablamos de agua en términos de bienestar hablamos de salud, pero también de economía porque no tener agua de manera oportuna implica pagar hasta siete veces más por litro de que lo que pagaría una persona en La Molina o San Isidro. Todas las personas están instaladas en la zona periurbana, que suelen ser familias con escasos recursos y reciben el agua a través de camiones cisternas, pagan siete veces más por litro de agua que quienes tenemos las 24 horas». Esta situación afecta principalmente a familias vulnerables ubicadas en zonas periurbanas.
Detrás de esta brecha social existe un problema estructural de gestión. En el Perú, la prestación del servicio de agua y saneamiento recae sobre cincuenta Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), las cuales dependen de municipalidades, salvo Sedapal. De este total, treinta y ocho empresas no facturan al menos el 30% de lo que realmente producen; en ciertos casos, la cobranza alcanza apenas el 70% del agua distribuida debido a fugas y conexiones clandestinas. Esto deja las finanzas de estas entidades en una situación crítica.
Hania Pérez de Cuéllar enfatizó que es prioritario fortalecer estas organizaciones: «La situación en algunas EPS es catastrófica. Definitivamente uno de los componentes con los cuales hay que trabajar es con el fortalecimiento de estas». Recordó que se creó el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) para administrar y ayudar a las EPS en insolvencia a mejorar sus estándares, permitiendo regresarlas a una capacidad de gestión autónoma. Aunque existen casos interesantes de éxito, la mayoría no ha logrado recuperar su autonomía plena.
Pese a la situación actual, el Gobierno junto con los próximos gobernantes regionales y locales deberán asumir el reto de asegurar que no solo más peruanos cuenten con una tubería en casa, sino que esta distribuya agua diariamente bajo condiciones seguras. Ante este panorama, la prioridad es garantizar el acceso diario a un servicio digno.
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