En estos sombríos días, a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, se intensifica el conflicto económico y social provocado por el alza en los precios del combustible. La política administra y resuelve conflictos; quien lo hace con eficacia es aquel que penetra la raíz del problema y posee una inteligencia superior. Ante esta crisis, el Gobierno propone medidas para aliviar tensiones sociales y suprimir intentos de desestabilización. Cita a Solón, uno de los siete sabios griegos en su poema «Eunomia», quien aconseja eliminar «los brotes de un progresivo desastre». Por ello, se sugiere una solución temporal: la distribución focalizada de subsidios ante el encarecimiento del combustible.

Sin embargo, existe otra medida mucho más polémica y conflictiva que también se debate. Esta consiste en reducir significativamente o eliminar de manera definitiva el impuesto selectivo al consumo (ISC), gravado a la venta de combustibles. Teóricamente, aplicar este tributo tiene como misión específica desincentivar su uso debido a las externalidades negativas. ¡Pero aquí la realidad se impone! Los transportistas y particulares seguirán utilizando los productos gravados con el ISC. Esto ya lo había visto con especial claridad Víctor Andrés Belaúnde en 1917, cuando discutía sobre «el Congreso antialcohólico». Este organismo había aumentado el impuesto al alcohol para desincentivar su consumo, sin lograrlo realmente.

El análisis final revela una contradicción evidente: sabemos que los burócratas no se preocupan por la moral o las externalidades negativas. Su verdadera prioridad es recaudar más impuestos, ignorando las consecuencias sociales de sus decisiones. La propuesta gubernamental busca mitigar el impacto inmediato en la población, pero la eliminación del ISC podría generar un efecto contrario al deseado.

Impuesto Selectivo al Consumo

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