Con buen criterio y sólidos argumentos, como para dejarlos callados por bien tiempo, el Poder Judicial ha mandado al archivo –por no decir al tacho de la basura– un hábeas corpus con el que la defensa legal y los escuderos del golpista Pedro Castillo pretendían dejar sin efecto la sentencia de 11 años y 5 meses que pesa en su contra por el delito de conspiración para la rebelión al amparo de una opinión dada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, Ana Osorio Sosa, ha resuelto que, como se ha indicado desde un principio, lo señalado por ese equipo de abogados no es vinculante y no tiene incidencia en las decisiones jurisdiccionales internas. En otras palabras, la magistrada ha resuelto que lo que opinen esos señores no afecta en lo absoluto la sentencia en primera instancia que pesa sobre el último aspirante a tirano de nuestra agitada historia republicana.

Pero lo más importante es el segundo aspecto que ha tenido en cuenta la jueza. Ella indica que como ha señalado el Tribunal Constitucional (TC), Castillo se vacó del cargo de presidente por el solo hecho de dar la aberrante proclama en la que anunciaba el cierre del Congreso, lo que a su vez permitió, minutos después, su detención en flagrancia al no tener la investidura de jefe de Estado. Así se desmorona la “narrativa” castillista que afirma que el hombre fue echado por cargo por el Poder Legislativo sin la cantidad necesaria de votos.

En otras palabras, Castillo ya no era presidente –sino un ciudadano común que acababa de cometer un delito–, cuando fue detenido por su escolta mientras huía a la Embajada de México en medio de una situación excepcional de emergencia. Esto deberían entenderlo bien los legisladores de la izquierda radical que la semana pasada lanzaron la absurda idea de formar una comisión que “investigue”, al amparo de la opinión del mencionado grupo de la ONU, por qué el exmandatario fue arrestado sin que antes se le levante el fuero.

Sería bueno también que alguien alcance una copia del fallo de la jueza Osorio a la presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, a fin de que entienda que su protegido Castillo no fue objeto de ninguna detención arbitraria, ni que está tras las rejas por ser “campesino”, “maestro rural” o “rondero”, sino por haber cometido el grave delito de intentar convertirse en gobernante de facto y disponer arrestos arbitrarios. El que no entiende, es porque no quiere o porque sus distorsiones ideológicas se lo impiden.

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