La magistrada Ana Osorio Sosa, titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, ha resuelto con sólidos argumentos que el Poder Judicial descarta un hábeas corpus presentado por la defensa legal y los escuderos del exmandatario Pedro Castillo. Con criterio firme, se ordenó archivar esta solicitud sin efecto alguno, rechazando incluso la idea de considerar válidas las opiniones externas para alterar la sentencia condenatoria.

Dicha resolución niega que una opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tenga incidencia en las decisiones jurisdiccionales internas del país. En palabras directas, lo señalado por ese equipo jurídico no es vinculante y no logra dejar sin efecto la pena impuesta.

Ahora bien, el punto más crucial que ha ponderado la jueza se refiere a cómo Castillo perdió su investidura. Como señaló previamente el Tribunal Constitucional (TC), el ex presidente se vacó del cargo por dar la aberrante proclama anunciando el cierre del Congreso. Este acto permitió, minutos después, su detención en flagrancia al no tener ya la calidad de jefe de Estado.

Así, el Poder Judicial desmorona definitivamente la "narrativa" castillista que sostenía que fue echado por cargo por el Legislativo sin contar con los votos necesarios. La sentencia original, que pesa en su contra por 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, se mantiene intacta ante un tribunal que considera a tales argumentos como meros intentos de retrasar la justicia.

Frente a estas consideraciones legales inapelables, la defensa ha quedado callada. La decisión judicial cierra cualquier puerta abierta a una revisión basada en opiniones internacionales o discursos políticos, consolidando el fin del intento por revertir un fallo que ya tiene fecha de ejecución y firmeza dentro de nuestra agitada historia republicana.

Absolutamente, cuando fue detenido por su escolta mientras huía a la Embajada de México en medio de una emergencia excepcional, Dina Castillo dejó de ser presidente para convertirse simplemente en un ciudadano común que acababa de cometer un delito. Esto debería entenderlo bien la izquierda radical, los legisladores que la semana pasada lanzaron la absurda idea de formar una comisión que “investigue”, al amparo de la opinión del mencionado grupo de la ONU, por qué el exmandatario fue arrestado sin que antes se le levante el fuero.

Sería bueno también que alguien alcance una copia del fallo de la jueza Osorio a la presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, a fin de que entienda que su protegido Castillo no fue objeto de ninguna detención arbitraria. No está tras las rejas por ser “campesino”, “maestro rural” o “rondero”, sino por haber cometido el grave delito de intentar convertirse en gobernante de facto y disponer arrestos arbitrarios. El que no entiende, es porque no quiere o porque sus distorsiones ideológicas se lo impiden.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →