El senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) anunció este domingo una nueva denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), esta vez contra el juez José Matos Centeno, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja-Pampas. Con esta acción, el parlamentario ya acumula cuatro magistrados denunciados por supuesto prevaricato desde que asumió como senador.
Matos Centeno fue el juez que dictó prisión preventiva contra 8 militares investigados por las muertes de civiles en Colcabamba, ocurridas el último abril. A través de sus redes sociales, Rospigliosi calificó al magistrado como "politizado y prevaricador" y señaló que "envió ilegalmente a prisión a 8 militares que se enfrentaron con narcotraficantes en Colcabamba".
"Una corte superior de Junín ya los puso en libertad, demostrando que el juez había cometido prevaricato. La Junta Nacional de Justicia debería tomar acción inmediatamente, ante un caso flagrante. Soluciones radicales!", enfatizó el legislador en su cuenta de X.
En la denuncia presentada, el parlamentario fujimorista alega que Matos Centeno habría emitido "una decisión privativa de libertad posteriormente anulada por graves defectos de motivación, así como la presunta incorporación de fundamentos que no habrían formado parte del debate oral". Por ello, solicitó a la JNJ que "determine la responsabilidad disciplinaria del magistrado denunciado y, de acreditarse la comisión de faltas muy graves y los presupuestos legales aplicables, se imponga la sanción que corresponda, incluida la destitución".
El anuncio de Rospigliosi se produce en medio de sus reiteradas críticas al sistema de justicia, y la denuncia contra Matos Centeno se suma a las presentadas previamente contra otros tres magistrados desde su llegada al Senado.
La denuncia contra el juez José Matos Centeno se suma a la presentada el último martes por el parlamentario fujimorista contra tres magistrados de la Corte Suprema, con lo cual Fernando Rospigliosi ya acumula 4 denuncias ante la JNJ desde que asumió como senador, en menos de un mes. En esa ocasión, el congresista solicitó la destitución de los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, integrantes de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por no aplicar en sus fallos la Ley 32107, que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad, y la Ley 32419, que concede amnistía a policías y militares procesados por delitos cometidos durante la lucha antisubversiva.
"Esperemos que la JNJ cumpla con su deber y sancione ejemplarmente a estos magistrados defensores de terroristas y enemigos de la PNP y FFAA", enfatizó Rospigliosi a través de sus redes sociales, donde además publicó: "He denunciado ante la Junta Nacional de Justicia, a los jueces politizados y prevaricadores que desacataron las leyes vigentes 32107 (lesa humanidad) y 32419 (amnistía), para sentenciar a 15 años de prisión a los policías que debelaron el motín senderista en el penal Castro…".
El origen de esta controversia se remonta al pasado 20 de junio, cuando el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que fueron interceptados el 25 de abril en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la región Huancavelica. A los imputados también se les atribuye la tentativa de homicidio calificado contra otros tres ciudadanos sobrevivientes. Sin embargo, el último 7 de agosto, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín dejó sin efecto esa medida y ordenó que otro juez evalúe el requerimiento del Ministerio Público.
En un pronunciamiento emitido ese mismo día, los presidentes de las cortes superiores de justicia del país exhortaron a los actores políticos y autoridades en general a "abstenerse de cualquier acto de amedrentamiento, injerencia o instrumentalización" de las instituciones públicas contra los magistrados. La declaración se dio frente a la "interposición de denuncias contra magistrados del Poder Judicial" ante la Junta Nacional de Justicia, y en ella exigieron "respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional".
Los titulares de las cortes recordaron que todo cuestionamiento a las decisiones judiciales debe realizarse con apego a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, pues los jueces cumplen la función de juzgar bajo ese marco. El pronunciamiento fue difundido a través de la cuenta oficial de X del Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) el 13 de agosto de 2026, con un enlace al documento completo.
La reacción de los presidentes de las cortes se produce en el contexto de la denuncia presentada por el senador Rospigliosi contra otro magistrado ante la JNJ, con lo que ya suma cuatro jueces denunciados desde que asumió su cargo legislativo. El bloqueo a la función jurisdiccional fue el punto central del mensaje, en el que se instó a no instrumentalizar las instituciones públicas en contra de quienes administran justicia.
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