La congresista por Ica, Verónica Yonz Núñez de Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley N.° 37-2026-2031-CD con el objetivo de modificar la Ley de Aeronáutica Civil del Perú y establecer una supervisión permanente, basada en riesgo, para las empresas de transporte aéreo turístico y aviación comercial no regular. La iniciativa fue impulsada semanas después del accidente de una avioneta de Aerodiana en Nasca, que dejó 13 fallecidos, y busca que una experiencia dolorosa se convierta en una mejora estructural para todo el país.

En diálogo con Correo, la parlamentaria señaló que el siniestro en Nasca fue el "detonante inmediato" que motivó a priorizar y formular esta propuesta, aunque aclaró que no se trata de una respuesta improvisada ni busca establecer responsabilidades antes de que concluya la investigación técnica. Para elaborarla, se revisaron la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y los estándares internacionales de seguridad operacional, con el fin de identificar una brecha concreta en la normativa vigente.

La legisladora explicó que la finalidad no es legislar únicamente para un caso particular, sino generar un cambio estructural que alcance al transporte aéreo turístico y a las operaciones comerciales no regulares en todo el territorio nacional. Sobre la recurrencia de accidentes en Nasca, Yonz reconoció que representar a Ica implica conocer de cerca la importancia de los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca para la economía regional, así como la preocupación ciudadana ante los siniestros ocurridos a lo largo de los años.

Por ello, consideró necesario priorizar una iniciativa preventiva. Nasca recibe turistas nacionales y extranjeros atraídos por un patrimonio cultural de valor mundial, y el Estado tiene la obligación de asegurar que las condiciones que permitieron autorizar a un operador se mantengan durante toda su actividad.

La congresista Verónica Yonz también se pronunció sobre los accidentes con tubulares en Huacachina, donde se han registrado turistas heridos e incluso fallecidos. Ante la consulta sobre si presentará proyectos similares para otros rubros del turismo regional, señaló que la seguridad turística debe ser abordada de manera integral y no limitarse al transporte aéreo. En ese sentido, sostuvo que se está realizando la evaluación técnica y legal, y que en Huacachina y otras zonas de la región existen actividades de aventura que requieren controles adecuados sobre vehículos, conductores, rutas autorizadas, seguros y fiscalización municipal y sectorial. Actualmente, se evalúa el marco normativo aplicable a los tubulares y a otras actividades de turismo de aventura.

Respecto a la certificación vigente de Aerodiana al momento del accidente, Yonz explicó que contar con una certificación implica que el operador cumplió determinadas condiciones para obtenerla y conservarla, pero que eso no elimina todos los riesgos operacionales ni sustituye la supervisión permanente. La propuesta busca cerrar la distancia entre estar formalmente autorizado y demostrar de manera continua que las condiciones de seguridad se mantienen. La iniciativa no presume que Aerodiana incumplió las normas ni atribuye causas al accidente; eso corresponde exclusivamente a la investigación técnica.

En cuanto a las inspecciones inopinadas, la parlamentaria indicó que el proyecto no desconoce que la DGAC ya puede realizarlas. El cambio radica en incorporar esta herramienta dentro de un deber legal de vigilancia continua basada en riesgos: deja de ser solo una facultad general y pasa a formar parte de los componentes mínimos que deben considerarse sistemáticamente.

La congresista aclara que la iniciativa no plantea una frecuencia única de inspecciones, pues no todos los operadores presentan el mismo nivel de riesgo. En esa línea, la norma establecería el deber y los criterios generales, mientras que la autoridad técnica sería la encargada de decidir cuándo y cómo intervenir según cada caso.

El diseño del proyecto, según detalla, busca aprovechar los instrumentos de supervisión, inspección y programación que ya existen en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), por lo que no implicaría “demandar recursos adicionales al Tesoro Público”. No se crearía una nueva entidad, unidad orgánica, plazas, registros ni fondos públicos. El cambio central sería organizacional y normativo: priorizar la fiscalización según el riesgo y no aplicar la misma intensidad de control a todos por igual.

Consultada sobre el respaldo que ha recibido, Yonz indica que el proyecto recién está en una etapa inicial de presentación y socialización. Dentro de su bancada existe una preocupación compartida por reforzar la seguridad de los servicios turísticos y evitar que tragedias como la de Nasca vuelvan a ocurrir. Adelanta que iniciarán conversaciones con representantes de otras bancadas y con los integrantes de las comisiones que deberán estudiar la iniciativa. “Considero que la protección de la vida y la seguridad del turista no son asuntos de una sola agrupación política”, sostiene.

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