La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, envió un oficio formal al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, para que entregue el detalle completo del gasto ejecutado en la puesta en marcha de la Cámara Alta. La parlamentaria denunció fallas logísticas en el nuevo Congreso bicameral y sustentó su pedido en los "evidentes problemas logísticos" que, según ella, vienen afectando el ejercicio de la labor parlamentaria en la nueva sede.
En el documento, Vásquez invocó su función de fiscalización y el derecho de acceso a la información que le corresponde como legisladora. El oficio no se queda en generalidades: exige el monto total de recursos asignados a la Unidad Ejecutora Senado, con el desglose entre presupuesto de apertura y presupuesto modificado. También pide la fuente de financiamiento, la genérica y específica de gasto, y los montos certificados, comprometidos, devengados y pagados.
El oficio enviado a Oficialía Mayor no es un gesto aislado: se inscribe en una seguidilla de reclamos de distintas bancadas por el reparto de espacios en la nueva sede del Congreso. En ese contexto, la senadora Vásquez ya había ventilado públicamente las condiciones de su propio despacho antes de formalizar el pedido, y ese antecedente explica el tono del documento. La parlamentaria contó que su oficina funciona en una azotea del edificio, una zona que, según dijo, había sido declarada inhabitable durante el periodo en que ella presidió el Parlamento. El lugar fue acondicionado con paneles de drywall y quedó dividido en tres ambientes reducidos. En uno debe caber todo el personal de su despacho, pero el espacio no alcanza para el equipo completo; otro sirve como sala de reuniones y el tercero, el despacho principal, está pegado a una pared antigua con presencia de moho. Ninguno de los tres tiene baño propio: para llegar al servicio higiénico más cercano, el personal debe cruzar un patio y recorrer varios pasadizos alrededor del edificio.
Además de la información sobre el presupuesto y los gastos de implementación del Senado, el pedido incluye el saldo presupuestal disponible y un listado completo de los inmuebles que usa la Cámara Alta, con su condición jurídica, el número de oficinas habilitadas y el costo de cada adecuación. La solicitud busca, así, tener un panorama integral de cómo se están distribuyendo los recursos y los espacios en medio de las quejas por la nueva sede.
La contradicción que la senadora Vásquez encontró al recorrer el edificio de la avenida Abancay fue evidente: pese a que la Oficialía Mayor, a través de Forno, le aseguró que solo había espacio para doce despachos, ella halló varios vacíos. Cuando cuestionó esa discrepancia, le respondieron que el hecho de que un espacio esté disponible no garantiza que sea asignado. El problema, sin embargo, no es exclusivo del Senado. En la Cámara de Diputados, distintas bancadas de oposición denunciaron oficinas mal acondicionadas en un edificio nuevo de la avenida Abancay con jirón Junín, donde cada despacho tiene apenas 60 metros cuadrados para albergar a un diputado y siete trabajadores. La explicación inicial de Forno sobre la capacidad limitada del recinto principal, insuficiente para los senadores que debían instalarse, contrasta con lo verificado por la propia legisladora durante su visita a las instalaciones.
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