El Gobierno de Abelardo De La Espriella pondrá en marcha una estrategia de recuperación que combinará recursos públicos y privados para atender a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4. El sismo dejó más de 11.000 casas destruidas y otras 44.900 con daños, por lo que la reconstrucción demandará un esfuerzo conjunto.
"Esta tragedia no la vamos a superar solos, como Gobierno. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia", afirmó De La Espriella tras reunirse con representantes de las principales empresas constructoras y organizaciones del sector.
Mientras avanzan las evaluaciones, la administración ya anunció medidas urgentes: subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus hogares, un decreto con alivios en el pago de servicios públicos, además de albergues, alimentación y baños portátiles para las comunidades afectadas.
Un equipo técnico evaluará los daños y determinará qué viviendas requieren reconstrucción. La iniciativa incluye un Fondo Milagro para financiar hospitales y escuelas dañadas. A partir de la próxima semana, el Ministerio de Vivienda desplegará equipos en las regiones golpeadas para establecer el estado de las edificaciones y decidir cuáles pueden ser intervenidas y cuáles deberán reconstruirse desde cero.
El ministro Jaime Andrés Beltrán explicó que será enviado un "ejército de profesionales" para establecer "cuántas casas necesitan mejoramiento" y "cuántas definitivamente hay que reconstruirlas y cómo las vamos a reconstruir".
La segunda etapa del programa arrancará con ese diagnóstico y estará centrada en el mejoramiento y la reconstrucción de viviendas. El esquema financiero combinará recursos del país, empresas privadas, alcaldías y gobernaciones, junto con créditos bancarios de tasas bajas y la participación de aseguradoras.
En paralelo, el Gobierno buscará aprovechar la declaratoria de emergencia económica para movilizar fondos hacia las zonas afectadas. Según el Ministerio del Interior, esa herramienta permitirá "asignar recursos para atender las afectaciones y priorizar, entre otras necesidades, la reconstrucción de instituciones educativas, infraestructura de la fuerza pública y estaciones de Policía".
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y Camacol ya instalaron un comité técnico que revisará las estructuras, identificará riesgos y formulará recomendaciones. Su presidenta, María Consuelo Araújo, subrayó la necesidad de coordinar las tareas con las autoridades y afirmó que el propósito de la organización "es el de contribuir de manera efectiva, mediante una actuación articulada con la institucionalidad y con las organizaciones que lideran la atención de la emergencia".
Las constructoras, por su lado, aportarán maquinaria amarilla para retirar escombros y colaborarán en la creación de un banco de materiales que atienda los requerimientos de alcaldías y gobernaciones. De La Espriella también anunció la puesta en marcha de un Fondo Milagro, orientado a canalizar recursos nacionales e internacionales para financiar la recuperación de hospitales, centros educativos, aeropuertos y otros inmuebles dañados.
La estrategia de reconstrucción incluirá un capítulo especial para Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro del terremoto, en el municipio de San José del Palmar. En esa región, las obras deberán respetar las particularidades de las comunidades, así como preservar sus vínculos sociales, territoriales, sus historias y formas de vida. El Gobierno plantea, además, que los trabajos permitan reactivar la economía local, impulsar la inversión y generar empleos en los municipios afectados.
Beltrán afirmó que "las más de 44 mil familias que perdieron su casa puedan volver a sentir que Colombia no les dio la espalda ni las dejó solas", y señaló que la administración también busca involucrar a las cajas de compensación en la entrega de subsidios y soluciones habitacionales para los damnificados. "No es un trabajo fácil, pero cuando nos unimos, la patria milagro la podemos recuperar entre todos", concluyó.
En paralelo, la primera dama Ana Lucía Pineda informó que ya se gestionaron más de 1.500 toneladas de ayudas humanitarias para las regiones más golpeadas. La Cancillería, por su parte, aseguró que Colombia no ha rechazado asistencia internacional por razones ideológicas, mientras las autoridades avanzan y preparan el despliegue de la fase de reconstrucción.
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