En medio del paro en Pucallpa por el alza de precios del diésel, que ya superó el 100%, el Gobierno de Keiko Fujimori anunció un subsidio focalizado y temporal de entre 15% y 20% para transportistas de carga, pasajeros, mototaxistas y de transporte fluvial. Que el gobierno escuche las demandas es positivo, pero no hay que olvidar que todo subsidio implica un gasto que asumirá el erario, es decir, todos los ciudadanos.

Ese gasto extra choca con la meta oficial del Ministerio de Economía de reducir el déficit fiscal. En la práctica, cada sol destinado al subsidio es un sol que deja de ir a infraestructura, prevención de desastres u otras prioridades. La protesta, además, volvió a poner sobre la mesa un tema que el subsidio no toca: la Amazonía recibe el combustible más contaminante del país, producido por una empresa del Estado. La Refinería Iquitos de Petroperú elabora diésel con más de 800 partes por millón de azufre, cuando la norma permite un máximo de 50.

¿Por qué lo que está prohibido en Lima se permite en Loreto o Pucallpa? Subsidiar el combustible es necesario hoy, pero mientras la Amazonía siga recibiendo diésel sucio a precios altos, el problema de fondo seguirá sin resolverse.

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