Tras más de mil días evadiendo a la justicia, Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, volvió a aparecer en público. Su regreso fue posible porque el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial solicitaron dejar sin efecto las órdenes de captura que pesaban sobre él, las mismas que eludió durante todo ese tiempo pese a que, según sus propias declaraciones, nunca salió del territorio nacional.
El exgobernador de Junín permanecía con paradero desconocido desde el 6 de octubre del 2023, fecha en que fue sentenciado a tres años y medio de prisión por corrupción en el caso Aeródromo Wanka. A esa condena se sumaron después dos órdenes de prisión preventiva: una por el caso Antalsis, también vinculado a su gestión regional, y otra por presunto lavado de activos relacionado con las finanzas de Perú Libre.
Ambas medidas fueron dictadas porque, desde la clandestinidad, Cerrón dejó de acatar las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial para esos procesos. Durante ese periodo, el gobierno de Dina Boluarte —quien fue copartidaria suya en Perú Libre— ofreció medio millón de soles a cambio de información sobre su ubicación y organizó diversos operativos, pero ninguno logró su objetivo.
La situación jurídica del líder político empezó a torcerse a su favor en enero del 2025, cuando una sala de apelaciones anuló la prisión preventiva del caso Antalsis. Poco después, la Corte Suprema revocó su condena y lo absolvió en el caso Aeródromo Wanka. En paralelo, mientras seguía oculto, Perú Libre lo postuló como candidato presidencial para los comicios del 12 de abril, en los que apenas obtuvo el 0.6% de votos válidos.
Su defensa, encabezada por el abogado Humberto Abanto, recurrió al Tribunal Constitucional para anular la orden de prisión que aún estaba vigente, la del proceso por lavado de activos. Abanto argumentó que el exgobernador permanecía en la clandestinidad "como resistencia ante la opresión y como un acto de desobediencia ante una decisión arbitraria".
El Tribunal Constitucional analizó el caso en marzo y publicó su sentencia el 21 de julio, en la que anuló el mandato de prisión contra Vladimir Cerrón al concluir que la resolución judicial que lo ordenó presentaba errores. En lugar de la prisión preventiva, el fundador de Perú Libre quedó sujeto a libertad con restricciones por un año, 11 meses y siete días: no podrá salir del país durante ese periodo, deberá presentarse mensualmente ante la Fiscalía y el juzgado que lleva su proceso por lavado de activos, acudir a toda citación judicial o fiscal y pagar una caución de 30 mil soles.
Además, Cerrón enfrentará en libertad otros procesos, entre ellos un juicio en Junín por el Caso Circuito Chupuro-Huasicancha, donde la Fiscalía pide nueve años de prisión por presuntos actos de corrupción. Su reaparición también generó reacciones políticas: la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que hubiera preferido que Cerrón dé la cara ante la justicia, y señaló que no ha conversado con el comandante general de la Policía sobre el tema. Según Fujimori, quienes deberían responder son los expresidentes en cuyas gestiones el exgobernador regional de Junín no pudo ser detenido.
El periodo que va desde la orden de captura emitida por el Poder Judicial en octubre de 2023 hasta el fallo favorable del TC en julio pasado abarcó a tres presidentes, nueve ministros del Interior y tres comandantes generales de la Policía, ninguno de los cuales logró ubicarlo. Tras levantarse formalmente toda orden de captura, Cerrón reapareció el jueves 13 de agosto, 1042 días después de pasar a la clandestinidad, en una ceremonia en Lima por los 18 años de fundación de Perú Libre. En esa ocasión también expresó su preocupación por la incapacidad de la Policía al no haberlo encontrado.
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