La Policía Internacional (Interpol) retiró de su base de datos la orden de ubicación y captura a nivel internacional que pesaba contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y así lo comunicó formalmente al Poder Judicial. La medida estaba vinculada a la investigación preparatoria que afronta por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político entre los años 2008 y 2021.
La comunicación se realizó mediante un escrito remitido al despacho del juez Leodan Cristóbal Ayala, magistrado a cargo del control de este proceso que se sigue contra Cerrón Rojas en la Fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado. La decisión de la Interpol responde a la anulación de la prisión preventiva que dispuso el Tribunal Constitucional.
Mediante una resolución emitida el último 10 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, el juez Leodan Cristóbal Ayala ordenó que se tenga presente lo informado por la Interpol y que dicha comunicación sea puesta en conocimiento de las partes procesales que intervienen en este proceso penal.
En esa misma resolución, el magistrado también concedió el recurso de apelación que presentó Vladimir Cerrón, a través de su defensa legal, contra la decisión del propio juez que varió el mandato de prisión preventiva por 24 meses que pesaba sobre el líder de Perú Libre por el de comparecencia con restricciones por un plazo de un año, 11 meses y 7 días.
Ese cambio de medida se dio tras acatar lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló el mandato de prisión preventiva por no cumplir con la debida motivación y porque la medida ya no resultaba objetivamente justificada, al haber variado las circunstancias que la motivaron inicialmente.
El juez Leodan Cristóbal Ayala no solo admitió la apelación presentada por la defensa de Vladimir Cerrón, sino que también le impuso un conjunto de reglas de conducta que el fundador de Perú Libre deberá cumplir estrictamente mientras dure el proceso. Entre ellas figura la prohibición de viajar fuera del país por un plazo de un año, once meses y siete días, medida que será comunicada a la autoridad migratoria, así como la obligación de no ausentarse de su lugar de residencia en Lima sin autorización judicial previa.
La resolución del magistrado, adoptada tras verificar que el recurso de apelación cumplía con los presupuestos del Código Procesal Penal, establece además que Cerrón deberá comparecer cada treinta días ante el Despacho de la Fiscalía Provincial a cargo del caso para firmar el cuaderno de control presencial de sujeción al proceso. En esas mismas visitas mensuales, tendrá que presentar un informe con las actividades más trascendentes de su día a día, y también deberá concurrir ante la autoridad fiscal y judicial cada vez que sea citado.
En cuanto a la caución económica, el juez dispuso el pago de 30 000 soles en un plazo de diez días desde la notificación de la resolución. Si Cerrón ya cumplió con la caución inicial de 20 mil soles que se le fijó antes, solo deberá abonar los 10 000 soles restantes dentro del mismo periodo. El magistrado apercibió al imputado con que, de incumplir cualquiera de estas reglas, se revocará la comparecencia con restricciones otorgada y se le impondrá una medida más grave, conforme lo establece el inciso 3) del artículo 287° del Código Procesal Penal.
El juez también ordenó remitir el recurso de apelación a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, de admitirlo a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión en los próximos días.
El Tribunal Constitucional ratificó la nulidad de la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, mientras que el Poder Judicial levantó las órdenes de captura en su contra en el caso Circuito Chupuro-Huasicancha. En paralelo, la JNJ señaló que el CAL "carece de competencia" para suspender provisionalmente a cinco de sus miembros. Además, se informó que Martín Vizcarra enfrenta un cambio en la conformación de la sala que evaluará la apelación contra su condena, y Harvey Colchado puso su cargo a disposición en la Comisión de Ética tras el pedido de prisión efectiva en su contra. Óscar Maúrtua calificó el salvoconducto a Betssy Chávez como "un buen mensaje para la comunidad internacional". También se consultó sobre el estado actual de las investigaciones fiscales contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En el ámbito de farándula, Silvia Cornejo reveló que "me entregué ciegamente a él" al explicar qué la llevó a perdonar varias veces a Jean Paul Gabuteau.
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