Entre enero y mayo de este año, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró más de 10.000 infracciones cometidas por menores de edad en Perú, con mayor incidencia en Lima, Lambayeque y La Libertad. Este incremento de adolescentes involucrados en delitos ha vuelto a poner bajo presión al sistema de justicia juvenil, cuyos centros enfrentan graves problemas de sobrepoblación que, según las autoridades, dificultan la rehabilitación y la atención especializada de los internos.

Frente a este escenario, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inició la implementación de un plan de deshacinamiento de alcance nacional. La iniciativa incluye una propuesta para modificar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, con el objetivo de reducir la sobrepoblación en estos establecimientos y establecer nuevos criterios para el traslado de internos mayores de edad a penales administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Pronacej informó que cada mes ingresan, en promedio, 150 adolescentes a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR). Además, siete de cada diez establecimientos operan con sobrepoblación y el 51% de los internos ya cumplió los 18 años, aunque permanecen en estos recintos porque la legislación vigente dispone que las medidas socioeducativas se ejecuten en centros juveniles cuando la infracción fue cometida antes de alcanzar la mayoría de edad.

Pronacej implementa plan de deshacinamiento en centros juveniles por sobrepoblación

Especialistas advierten sobre los retos de la rehabilitación en este contexto, mientras Pronacej busca modificar la normativa para aliviar la saturación de los centros juveniles. La iniciativa apunta a que los mayores de edad que ya cumplieron su mayoría dentro del sistema juvenil puedan ser trasladados a establecimientos del INPE, liberando espacio para los adolescentes que recién ingresan al sistema.

Propuesta para aliviar la sobrepoblación

El director ejecutivo de Pronacej, Luis Vega, explicó que la permanencia de adultos en centros juveniles responde a la legislación vigente. “No podemos tener adultos con los niños, no podemos tener adultos hasta los 27 o 28 años en centros juveniles que no están preparados para albergarlos”, señaló en una entrevista previa a La República. Por ello, la modificación normativa plantea que los internos que cumplan 18 años puedan ser trasladados al INPE cuando cometan nuevas infracciones durante la medida socioeducativa, incurran en faltas disciplinarias graves o presenten un riesgo de reincidencia asociado a conductas violentas, determinado por un equipo especializado.

Como parte de las medidas anunciadas, Pronacej promoverá la variación de la medida socioeducativa para unos 300 adolescentes que cumplen los requisitos para acceder a libertad o semilibertad. También prevé trasladar a otros 300 jóvenes considerados de alto riesgo desde centros del norte del país hacia establecimientos de mayor seguridad en Lima, habilitar siete nuevos ambientes con capacidad para 230 internos en Lima y Pucallpa, además de reforzar la seguridad con más agentes, cámaras y concertinas. “El objetivo de sumarnos formalmente al pedido de otras instituciones, y como parte del sistema judicial juvenil, es promover que la norma sea coherente con la realidad que atraviesa el país, ya que el contagio criminógeno es una realidad y es nuestra responsabilidad proteger a los adolescentes que debemos devolver reformados a la sociedad”, afirmó Vega.

Delitos contra el patrimonio predominan

Durante el primer trimestre de 2026, un total de 1.158 adolescentes de entre 14 y 17 años fueron detenidos en flagrancia por infracciones a la ley penal, según las estadísticas del Ministerio Público. Lambayeque lideró la lista con 132 casos, seguido por Junín (114), Lima Este (112), Lima Sur (103) y La Libertad (100). El 89,2% de los detenidos correspondió al sexo masculino y el grupo de 17 años concentró la mayor cantidad de intervenciones. Los delitos más recurrentes fueron hurto agravado, robo agravado y receptación, mientras que extorsión, homicidio y sicariato tuvieron una menor incidencia.

Para Pronacej, el aumento de la población en los centros juveniles afecta el tratamiento de los adolescentes. Según Vega, algunos equipos técnicos atienden hasta 150 internos, cuando lo recomendable sería acompañar a unos 50. "Estamos preocupados más por la seguridad que por el tratamiento y eso no es correcto", advirtió.

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