La violencia sexual, la desprotección y la impunidad que padecen niñas, adolescentes y mujeres de los pueblos awajún y wampís en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, llevaron a organizaciones indígenas, colectivos y ciudadanos a exigir al Estado medidas urgentes. Mediante una carta abierta, demandaron una política pública articulada con presupuesto específico y participación directa de los pueblos indígenas.
Según el documento, el problema no se limita a casos aislados: responde a factores estructurales como la limitada presencia de servicios públicos, las barreras para acceder a la justicia y la ausencia de respuestas con pertinencia intercultural. A ello se suman la inseguridad alimentaria y la presencia de economías ilegales, incluidos el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
Frente a este escenario, las organizaciones propusieron tres ejes de acción. El primero apunta a garantizar una atención integral e intercultural de la salud, mientras que los otros dos ejes —aunque no detallados en esta parte del pronunciamiento— completan la estrategia para enfrentar la crisis. Además, pidieron una reunión de alto nivel en la provincia y que se asignen recursos desde 2027.
La exigencia se da en un contexto donde las comunidades awajún y wampís han denunciado históricamente la falta de protección estatal. Los firmantes consideran que solo con una respuesta articulada, que incluya presupuesto y la voz directa de los pueblos indígenas, será posible revertir la situación que afecta a las mujeres y niñas de Condorcanqui.
El segundo eje de la propuesta se centra en garantizar una educación segura. En ese sentido, las organizaciones pidieron revisar el actual modelo de residencias estudiantiles, al considerar que puede incrementar la vulnerabilidad de las alumnas al separarlas de sus familias y comunidades. Como alternativa, plantearon avanzar hacia un sistema educativo territorial que permita a los adolescentes acceder a la enseñanza sin desvincularse de su entorno familiar, complementado con transporte fluvial seguro, el fortalecimiento de las escuelas locales y mecanismos comunitarios de alerta para detectar y actuar ante posibles casos de abuso.
El tercer eje propone reconocer e integrar a las defensoras comunitarias dentro de la respuesta estatal. Para ello, las organizaciones plantean crear un registro territorial y establecer protocolos obligatorios de articulación con los sectores Salud, Educación y Justicia, con el objetivo de que estas defensoras puedan acompañar y alertar sobre situaciones de violencia sin que el Estado les transfiera responsabilidades que corresponden a las instituciones públicas.
Entre las medidas del primer eje, orientado a la atención de salud, figuran el fortalecimiento de la salud mental comunitaria, la prevención del embarazo adolescente y la atención del VIH, con disponibilidad de traductores en lenguas awajún y wampís para que las pacientes puedan recibir atención y denunciar situaciones de violencia en su propio idioma. Asimismo, solicitaron la implementación de brigadas fluviales que permitan llegar de manera oportuna a las comunidades y trasladar a las víctimas de violencia sexual para que reciban atención integral.
La carta abierta también plantea que el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 contemple los recursos necesarios para implementar y asegurar la continuidad de las medidas propuestas. En esa línea, las organizaciones demandaron sanciones para los responsables de abusos sexuales, lo que incluye la expulsión y el retiro definitivo del servicio del personal de Salud y Educación, así como de las guarniciones militares involucradas.
Como acción inmediata, el documento exige que las autoridades convoquen, en un máximo de 30 días, una reunión pública de alto nivel en Condorcanqui. El encuentro, según la propuesta, debería tener capacidad efectiva de decisión y contar con participación protagónica de las organizaciones indígenas. Entre los actores señalados figuran el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), COMUAWUY, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y las organizaciones que impulsan la iniciativa.
“Las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir sin violencia, permanecer junto a sus familias, estudiar con seguridad, acceder a servicios de salud y ser escuchadas en su propia lengua”, sostiene la misiva. Finalmente, las organizaciones firmantes reafirmaron que harán seguimiento a las decisiones que adopte el Estado y respaldarán el liderazgo territorial de los pueblos awajún y wampís, con el fin de que lo anunciado se traduzca en protección efectiva para las niñas, adolescentes y mujeres de Condorcanqui.
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