Con el objetivo de “fortalecer la continuidad, eficiencia y planificación de la gestión pública regional y local”, la diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que amplía a cinco años el periodo de mandato de alcaldes y gobernadores. La iniciativa también contempla que dichas autoridades puedan ser reelegidas de manera inmediata por un solo periodo adicional y que, en el posterior, no se permita la postulación de cónyugue, conviviente ni parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

La propuesta busca que “la ciudadanía evalúe y, por una sola vez, ratifique mediante el voto la continuidad de los gobernadores regionales, vicegobernadores regionales y alcaldes”. Entre los argumentos, se señala que la renovación de autoridades regionales y municipales implica procesos de transferencia y adaptación institucional que pueden tener un impacto en la continuidad de la gestión.

Renovación Popular propone ampliar a 5 años el mandato de alcaldes y gobernadores

La iniciativa de Yarrow, que modifica el periodo de gestión de las autoridades subnacionales, plantea que la reelección inmediata sea permitida por una sola vez, pero restringe el acceso al cargo para familiares directos de quienes hayan ocupado el puesto en el periodo posterior.

La iniciativa de Renovación Popular sostiene que pasar de cuatro a cinco años el mandato regional y municipal “permitiría establecer un horizonte temporal común entre los distintos niveles de gobierno, favorecer la continuidad de la planificación y ejecución de políticas públicas y proyectos de inversión, y reducir la frecuencia de los procesos de transferencia de gestión”. También busca “garantizar la alternancia democrática y prevenir mecanismos de sucesión familiar inmediata”.

Sin embargo, el proyecto no impide que alcaldes y gobernadores figuren en las listas de las próximas Elecciones Regionales y Municipales como primer regidor o consejeros, lo que mantiene habilitada la reelección encubierta. Según el documento, los costos de la iniciativa se vinculan con la adecuación inicial del marco normativo, los procedimientos y sistemas electorales, además de las acciones de capacitación y difusión para implementar el nuevo régimen.

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