El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar un conjunto de normas aprobadas por el Congreso de la República durante la gestión anterior. El objetivo es cuestionar leyes que, según advirtió el ministro Elmer Cuba, generan una presión fiscal severa sobre las cuentas del Estado peruano.

Durante su primera conferencia de prensa, el funcionario destacó que, aunque el TC ya corrigió un error al prohibir la iniciativa de gasto legislativa, persisten algunas normas sobrevivientes con efectos perniciosos. Si no se actúa contra al menos cuatro de estas leyes —que el MEF no observó en su momento—, las proyecciones económicas son alarmantes: el déficit fiscal podría ascender a 3% del Producto Bruto Interno (PBI) y mantenerse así durante los próximos cinco años. Además, la deuda pública se vería incrementada hasta llegar al 35% del PBI.

Cuba afirmó que la evaluación de estas normas por parte del tribunal permitiría al Gobierno un mejor manejo fiscal. «Eso no va a ocurrir», subrayó el titular. Su estrategia consiste en presentar los mejores oficios para que el TC, replicando su fallo sobre la iniciativa de gasto, también examine aquellas reglas que violan explícitamente la Constitución.

Aunque el ministro no especificó con detalle cuáles serán las cuatro leyes seleccionadas, adelantó un criterio claro: se priorizarán aquellas con mayor impacto financiero. «Las normas principales que vamos a elevar son las que tienen 'más ceros' en su costo», explicó al ser consultado por Gestión.

La acción del MEF busca revertir el legado fiscal de la administración de Keiko Fujimori, asegurando que el Tribunal aplique sus criterios de constitucionalidad para frenar cualquier intento de gasto desmedido. Con esto, se espera estabilizar las finanzas públicas y evitar un deterioro acelerado de los indicadores macroeconómicos en los próximos años.

El ministro del MEF prefirió no adelantar cuáles serían las leyes específicas, pero Gestión hace un repaso de las más costosas que podrían estar en la lista. Cabe mencionar que, hace unos meses, el Consejo Fiscal proyectó que, en conjunto, las medidas de gasto aprobadas por el Congreso este año ascendían al menos a S/ 11,400 millones anuales. En marzo último, el organismo informó que había identificado varias iniciativas aprobadas por el Legislativo que implican impactos fiscales elevados. Recordó que, durante el primer tramo del 2026, el Congreso aprobó 11 leyes y avanzó con autógrafas que generan nuevas obligaciones permanentes de gasto para el Estado. Una de ellas es la Ley 32581, aprobada por insistencia que nivela las pensiones de los maestros jubilados y cesantes con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la carrera pública magisterial, es decir, a S/ 3,300. El Consejo Fiscal estimó que esta medida tendría un costo de al menos S/ 8,000 millones anuales. También está la Ley 32561, que modifica el régimen pensionario militar y policial regulado por el Decreto Legislativo 1133. El CF estimó que el costo total de los cambios ascendería a aproximadamente S/ 14,800 millones en valor presente, considerando a los actuales afiliados. De ese monto, S/ 1,900 millones corresponderían al mayor aporte del Estado y S/ 12,900 millones al financiamiento de mayores prestaciones pensionarias.

Otra norma es la Ley 32563, que otorga mayores beneficios laborales a los trabajadores públicos bajo el régimen CAS, incluyendo gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El CF estimó inicialmente un costo anual de alrededor de S/ 3.000 millones para el Estado.

Además están la norma que dispone el nombramiento de personal CAS-Covid del Minsa, EsSalud y gobiernos regionales, con un costo estimado de S/ 944 millones; una bonificación para veteranos, por S/ 122 millones; una bonificación por desempeño de cargo para personal 276 de educación, por S/ 122 millones; y la norma que permite pasar personal CAS-Covid a CAS regular, con un costo estimado de S/ 20 millones.

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