El Gobierno declaró en estado de emergencia a 607 distritos de 16 regiones ante el peligro inminente de déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027. La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM, tendrá una vigencia de 60 días y busca anticiparse a una posible falta de agua que podría afectar las siembras y la producción agrícola y ganadera.
El objetivo es que las autoridades ejecuten acciones preventivas y de respuesta antes de que el escenario previsto derive en mayores afectaciones para las actividades productivas y la población. La alerta coincide con el arranque de una campaña en la que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ya fijó una hoja de ruta para las siembras.
El inicio de la campaña agrícola 2026-2027 llega así bajo una alerta que podría complicar las decisiones de los productores en los próximos meses. La cartera acaba de aprobar el Marco Orientador de Cultivos para la campaña 2026/2027, que busca ordenar la oferta agrícola y orientar a los productores.
La alerta no surge de un episodio aislado. El informe técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advierte una disminución progresiva de los caudales y una reducción sostenida de los volúmenes almacenados en los embalses, a lo que se suma el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, condición que, según la evaluación oficial, incrementa la probabilidad de un déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027.
El escenario preocupa porque las decisiones de siembra para la nueva campaña ya están en marcha. Si se mantienen las condiciones previstas, los productores deberán enfrentar una mayor incertidumbre sobre la disponibilidad de agua durante el ciclo agrícola. El decreto reconoce que el déficit podría generar afectaciones en la agricultura y la ganadería, además de la población, aunque la declaratoria no supone que ya exista una caída de producción ni establece pérdidas para cultivos específicos.
El documento contempla siete cultivos transitorios: papa, arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo, yuca y quinua. En ese contexto, el déficit hídrico aparece como una variable que puede alterar las previsiones de siembra y producción de estos productos.
La declaratoria tiene, por ahora, carácter preventivo frente a un riesgo que el Gobierno considera inminente. El anexo del decreto identifica los 607 distritos comprendidos en la emergencia, ubicados en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Según el informe de Indeci, la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales involucrados “ha sido sobrepasada”, lo que hace necesaria la intervención del Gobierno Nacional.
La respuesta involucrará a varios sectores: los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Producción, Desarrollo e Inclusión Social, Interior y Defensa, además de Indeci y los gobiernos subnacionales. Durante los 60 días de vigencia de la emergencia, estas entidades deberán ejecutar medidas de reducción del riesgo, respuesta y, de ser necesario, rehabilitación en las zonas comprendidas.
El impacto económico de la alerta dependerá de cómo evolucionen las condiciones durante los próximos meses y de la capacidad de las autoridades para anticiparse a los problemas de disponibilidad hídrica. Así, el agro entra a una campaña con mayor incertidumbre.
El decreto precisa que las acciones serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La declaratoria de emergencia no implica, sin embargo, que los 607 distritos enfrentarán necesariamente una situación crítica, y por ahora no existe una proyección oficial de cuánto podría caer la producción agrícola.
Lo que sí establece el Gobierno es que el riesgo es suficientemente alto como para activar mecanismos de intervención antes de que el déficit hídrico termine trasladándose a la producción. Una menor oferta de agua puede obligar a revisar las previsiones de siembra, afectar el desarrollo de determinados cultivos y, en un escenario más severo, reducir los volúmenes cosechados; el efecto sobre los mercados dependerá de la magnitud y extensión de esas eventuales restricciones.
La evolución de los caudales, los reservorios y las condiciones climáticas será determinante para saber si la alerta termina siendo una advertencia preventiva o el anticipo de una campaña agrícola más complicada de lo previsto.
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