La expresión “leyes procrimen” se instaló con fuerza en el debate político de los últimos años, y mientras un sector defiende esas normas, otro impulsa su derogación al considerarlas un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. En este informe, Correo consultó a los penalistas Andy Carrión y Fernando Silva para analizar cada una de las seis leyes bajo la lupa pública.
BALANCE
Hay coincidencias y discrepancias entre ambos especialistas. Tanto Carrión como Silva consideran que la denominada “Ley Soto” debe mantenerse, igual que la norma que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos. También concuerdan en que debería derogarse la ley que eliminó la facultad policial para combatir la tenencia ilegal de material explosivo en actividades mineras de personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La modificación al proceso de extinción de dominio fue calificada de positiva por ambos. En cambio, sobre los plazos de colaboración eficaz hay posturas opuestas: Carrión pide más tiempo para que la Fiscalía investigue casos de organizaciones criminales, mientras Silva propone reducirlos. Tampoco hay acuerdo sobre los delitos que alcanza una red criminal: Carrión critica que se excluyan figuras como negociación incompatible o colusión simple, mientras que Silva sostiene que estas redes cometen delitos graves como minería ilegal y tráfico de drogas.
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